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Martes, 22 de Agosto de 2017
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Abogados del caso Narvarte, blancos de ‘Pegasus’

Foto: Carol Suárez

Foto: Carol Suárez

Karla Micheel Salas y David Peña, abogados del caso Narvarte se suman a la lista de objetivos de Pegasus, el software que presuntamente habría sido empleado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, informó The Citizen Lab.

Un nuevo informe del laboratorio de la Universidad de Toronto, Canadá, revela que los defensores también recibieron mensajes con la finalidad de infiltrar el malware en sus teléfonos móviles, con la finalidad de recopilar información almacenada y monitorear sus actividades.

Salas y Peña son abogados de los familiares de Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martin, quienes fueron asesinadas junto a Alejandra Negrete y Rubén Espinosa en un departamento de la colonia Narvarte en julio de 2015.

Ambos litigantes fueron atacados por el spyware de la israelí NSO Group en septiembre y octubre de 2015 a medida que aumentaban las preguntas sobre la actuación de las autoridades en el caso y los reportes sobre las torturas y agresiones sexuales a las que las víctimas se habrían visto sometidas.

En otros cuatro informe, el Citizen Lab, junto con R3D, SocialTic y Artículo 19 han documentado 21 casos de “extensos abusos” del software espía contra periodistas, grupos anticorrupción, científicos, figuras políticas, funcionarios del partido de oposición e investigadores internacionales.

Una investigación de ejecentral, sustentada en documentos, demuestran que 729 personas fueron blanco de una operación de espionaje diseñada y ejecutada desde las oficinas del gobierno federal, en la que se utilizó el mismo método de invasión en teléfonos celulares, atribuido al sistema Pegasus.

Entre estos objetivos se incluyen empresarios, cantantes, presuntos narcotraficantes y particulares sospechosos de delitos federales. Secretarios de Estado, jueces, activistas, periodistas y el hijo de Andrés Manuel López Obrador.

 

NSO Group afirma que esta herramienta se vende de forma exclusiva a los gobiernos bajo la condición de que sólo sea usada para combatir a terroristas, grupos criminales y cárteles de la droga; no obstante, los análisis comprueban que el software fue usado para vigilar a algunas de las personas más críticas, algo que el gobierno mexicano ha negado de manera reiterada.

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