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Lunes, 10 de Agosto de 2020
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CEDH lanzó recomendaciones a la SEV; una de ellas por un docente que golpeó a un adolescente de raíces indigenas

Foto: Carlos Hernández

Foto: Carlos Hernández

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, realizó tres recomendaciones durante el 2020 en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); una de ellas es porque el director de una telesecundaria de la zona norte del estado golpeó a un adolescente de raíces indígenas, otra por la falta de pago del seguro institucional por invalidez y la tercera por violencia laboral en su modalidad de “psicológica”.

Aunque los hechos ocurrieron durante los gobiernos del priista Javier Duarte de Ochoa y la del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, la actual Secretaría de Educación de Veracruz a cargo de Zenyazen Escobar García tuvo que acatar las tresrecomendaciones señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Muchas de las irregularidades en los planteles educativos no son denunciadas, incluyendo aquellas donde exigen a los padres cuotas, también donde los docentes con sus propios recursos se ven forzados a comprar los materiales didácticos y educativos. 

Otros casos, como el bullying, que son minimizados por los mismos docentes al considerar que pudieran ser “juegos de niños”. 

La primera radica en la recomendación 19/2020 emanada del expediente EDHV/2VG/PAP/0487/2018, donde el afectado es un adolescente de 13 años de edad que fue golpeado por el director comisionado de la Escuela Telesecundaria Enrique C. Rébsamen de la localidad Tenixtepec, Papantla, municipio enclavado en la zona norte del Estado.

La denuncia fue puesta por la madre del menor en contra del docente el pasado 20 de septiembre de 2017, cuando el adolescente al estar en clase de educación física practicando volibol, voló el balón y se subió a una barda cercana al asta bandera para buscar desde lo alto la pelota.

Sin embargo, según el testimonio, el director comisionado de la escuela cuestionó el motivo por el que se había subido a una barda y como castigo por su acción le dio un golpe en la cabeza, lo que le provocó dolor e inflamación por varios días.

La mujer expuso que llevó a su hijo con un médico para que lo atendiera,  “dado que no observé mayor consecuencia, me limité a eso y no hice nada más pues minimicé ese hecho (…) pero hace como tres meses mi menor me dijo que volvió a tener dolor y por lo tanto lo tuve que someter otra vez a atención médica en donde me solicitaron hacerle una tomografía, además de darle un tratamiento, por lo que es evidente que la acción del docente es grave y por ello pido su intervención”.

La madre del menor anexó copia de la receta médica que le expidió el doctor por el dolor que sentía y en la cual se solicita realizar una tomografía, entre otros estudios. Además de dos actas de hechos que se levantaron con motivo de la intervención de la supervisión escolar para atender su queja.

La madre, de quien se mantiene su identidad bajo resguardo para no vulnerar sus derechos como representante de los derechos de su hijo menor de edad, precisó que las actas corresponden a las reuniones que se han hecho y que no se ha atendido su queja de forma particular, “sino que se trata de reuniones generales en donde todos los padres y madres exponen cualquier incidencia”.

La CEDH destacó que la mujer y su hijo son pertenecientes a una comunidad indígena de la sierra de Papantla y que desconocían que podían recurrir a la denuncia ante Derechos Humanos. 

5782B36B-B512-411D-809A-5DC85DE02E78La segunda recomendación es la 20/2020 emanada del expediente CEDH/2VG/COA/0063/2018 por violencia laboral de parte del personal de la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes violaron el derecho a la integridad personal, en su modalidad psíquica y el derecho a una vida libre de violencia.

La denuncia señala que la víctima acudió el 24 de febrero de 2017 al Hospital del ISSSTE de Coatzacoalcos, por una enfermedad degenerativa a lo cual el medico en turno del área de traumatología extendió una licencia médica por un periodo de 35 días.

“Durante ese tiempo de incapacidad recibí llamada por teléfono por parte de la Supervisora Escolar, me hablo de forma grosera exigiéndome documentación de la escuela y no permitió que se la hiciera llegar con un familiar obligándome a ir a la escuela en mi horario y mi turno, e intimidándome al decirme que los padres de familia estaban inconformes y exigían la llave de mi locker”.

La agraviada indicó que supervisora incitó a los padres de familia para levantarme un escrito desacreditando mi trabajo, a lo que los padres de familia se niegan a hacer dicho escrito, “cuando regreso al termino de mi incapacidad, el día 6 de abril de 2017, interrumpe una junta que tenía con los padres de familia en el salón de clases y de manera grosera y prepotente hizo uso de la palabra mencionando unos puntos que se suscitaron en mi ausencia”.

Sin embargo, expone en la denuncia, el 21 de diciembre de 2017, su hija de 4 años de edad presentó un estado de salud delicado y fue internada en el Hospital Regional de PEMEX en Minatitlán el 22 de noviembre.

“Por la sicosis de evitar algún problema laboral el día 23 de noviembre dejo a mi hija a cargo de mi madre y vengo a la clínica del ISSSTE a Coatzacoalcos, en busca de un documento que ampare mi inasistencia anteponiendo la responsabilidad como madre al no estar acompañando a mi hija”.

La docente señaló que de esta situación fue explicada al director del plantel educativo donde labora, mismo que le indico que presentara los justificantes, “ya que la supervisora le había llamado la atención, agregándome que él ya le había comentado, lo que yo le había dicho, pero como siempre que había disque compañeros que se habían ido a quejar con ella y que la supervisora lo estuvo llamando por teléfono para pedirle explicaciones”.

Sin embargo, dijo que la supervisora reportó que la docente no se presentó en el periodo del 21 al 24 de noviembre, “sin tomar en cuenta las 72 horas reglamentarias que tengo para presentar un documento oficial que acredite mi ausencia”.

Explicó que fue hasta el 27 de noviembre que presento la documentación oficial que avala la situación de salud de su hija, por lo que se levantó un acta de hechos donde el director hace constar que la responsable de las anotaciones de ausencia fue la supervisora escolar.

“El director por órdenes de la supervisora escolar vuelve a imprimir las hojas de asistencias, las hace pasar nuevamente para la firma de éstas a los compañeros, pero ésta vez ya con la leyenda “licencia de cuidado materno” yo en este acto presento queja en contra de la supervisora escolar de Coatzacoalcos, por la violación a mis derechos de trato digno, y solicito que investigue estos hechos y los antecedentes de dicha servidora pública y solicito que sea sancionada con forme a derecho”.

4C56E525-4E51-4FB0-ACA8-7D1267F0A3F2La tercera recomendación es la 54/2020, emanada del expediente CEDHV/1VG/DAM/0548/2018 por el retraso injustificado en el pago de un seguro institucional por invalidez, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos considero que hubo obstaculización o negativa al derecho a la seguridad social en relación con la seguridad jurídica y garantías judiciales

El afectado denunció que los hechos ocurrieron el 24 de septiembre del 2013, luego de que presentara en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz, la documentación para que se me pagara el seguro institucional.

“Posteriormente acudí a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para agilizar mi trámite, procedí a hablar e ir cada mes a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, atendiéndome diferentes personas quienes manifestaban que me iban a pagar, pero que hasta que llegara el recurso de cada año”.

Fue hasta el 2018 que el afectado denunció los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de cinco años que no le han realizado el pago del seguro institucional. 

El agraviado reconoció que el 23 de agosto de 2016 la Secretaría de Finanzas y Planeación le requirió entregar tres contracheques, una hoja de servicio actualizada con la baja integrada, y un dictamen médico con la corrección de su nombre.

“Di cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento de la institución, quedando en espera de que se cumpliera mi pago. Lo anterior de igual manera me causa agravio, ya que pasaron aproximadamente tres años de que yo dejé mi documentación en la Secretaría de Finanzas y Planeación, como para que se me requiriera actualizar la documentación mucho tiempo después, lo cual solo vino a retrasar más mi pago”, lamentó.

 

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