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Sabado, 24 de Agosto de 2019
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Corolario: Baja California: Estado de derecho y democracia

Raul contreras bustamantePor Raúl Contreras Bustamante

 

Los estudiosos del Constitucionalismo definen al Estado de derecho como el Estado sometido al derecho. No se trata de un juego de palabras, sino de la convicción que debe haber entre gobernados y gobernantes de observar la vigencia y el espíritu de nuestra Constitución.

Hace unos días, en el estado de Baja California se aprobó una reforma a la Constitución estatal para que el gobernador recién electo, votado en las urnas, dure cinco años en su mandato en lugar de dos.

Debido a la reforma electoral del año 2014, se tuvieron que reformar las Constituciones de varios estados para ajustar sus periodos de gobierno y así homologar las elecciones locales con las federales.

De tal suerte, el pasado 2 de junio, los ciudadanos bajacalifornianos acudieron a las urnas con la idea de elegir a un gobernante para los dos años siguientes. Los comicios se verificaron en orden y civilidad resultando vencedor Jaime Bonilla Valdez, declarado gobernador electo.

Con la reforma constitucional aprobada por el Congreso local y la mayoría de los ayuntamientos, se pretende ampliar su periodo por tres años más, yendo en contra de la voluntad de los ciudadanos que acudieron a las urnas en aquella entidad.

Este hecho ha generado muchas reacciones en contra por parte de la academia, los medios de comunicación, políticos de todos las corrientes de opinión –incluso destacados militantes del mismo partido en el poder–; y hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades políticas del estado de Baja California para que realicen las acciones correspondientes para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal.

Con independencia de los principios constitucionales que se han violentado en este caso –que son muchos y muy importantes– existen cosas significativas que trascienden de este intento vergonzoso.

En primer término, se vulnera un principio político fundamental de la Constitución y de nuestra historia, que es el sufragio efectivo, no reelección. La reforma legal de ese estado, en términos claros, está ampliando el mandato del gobernador más allá de lo que le fue autorizado por el mandato de la ciudadanía.

En segundo, la increíble irresponsabilidad de todos los partidos políticos que participaron en este hecho. Con independencia de que huele a una gran corrupción, se demuestra que no han entendido que ese tipo de comportamientos son la causa por la cual dichas instituciones padecen un gran desprestigio en la opinión del electorado.

Por último, el criticable desempeño de las autoridades bajacalifornianas que llevaron a cabo este intento. El ejercicio de la soberanía de una entidad federativa ni puede –ni debe– alterar la estabilidad de la Federación al contrariar los principios torales del pacto federal, tales como las garantías de seguridad jurídica. Lo anterior, sin mencionar que se sentaría un negativo precedente para que el hecho sea replicado por otros estados e incluso en el orden federal.

Esperamos que el espíritu democrático y la sensatez lleven a las autoridades del estado de Baja California a rectificar y ser verdaderos representantes de la voluntad popular que se pronunció por la elección de un gobernador que durara dos años en el cargo.

Están de por medio el Estado de derecho, la integridad del pacto federal, la consolidación de nuestra democracia, pero, sobre todo, el respeto a los principios esenciales de nuestra Constitución.

Como Corolario, las palabras de Max Weber: “El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones”.

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