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Martes, 02 de Junio de 2020
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Corolario: Derecho y prudencia

Raul contreras bustamantePor Raúl Contreras Bustamante

La velocidad con la cual se ha propagado el coronavirus COVID-19 alrededor del mundo ha obligado a algunos Estados nacionales a tomar diferentes medidas extremas que han llegado a imponer restricciones para evitar que la población salga de sus casas y así impedir la propagación de la enfermedad.

El pánico se ha extendido por casi todo el orbe y los gobiernos han comenzado a reaccionar de manera política y no siempre sanitaria. Sólo por citar un ejemplo, Rusia ha puesto en cuarentena a todos los extranjeros en su territorio y ha indicado que cualquier violación a la medida podría ameritar cárcel.

En Europa, el país que registra el mayor número de casos —sólo detrás de Italia— es España, que al momento de escribir la presente columna reporta casi 14 mil casos y 617 muertes, lo que lo convierte en el cuarto país a nivel mundial con mayor número de contagios.

Ante esto, en días recientes, el gobierno español declaró el estado de alarma, previsto en el artículo 116 de su Constitución, para tratar de afrontar la situación de emergencia sanitaria. Una declaración de esta naturaleza se da cuando circunstancias extraordinarias hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios.

Las medidas adoptadas por el gobierno español significarán —sin duda alguna— una afectación al ejercicio de algunos derechos de las personas. Dentro de lo previsto por el Real Decreto por el que se declaró ese estado de emergencia se contempla la limitación de la libre circulación de las personas, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, la suspensión de toda actividad educativa, la contención de la actividad comercial, cuya realización queda limitada a aquella que los consumidores necesiten para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, así como también queda limitada la asistencia a iglesias y ceremonias religiosas. Contemplada dentro de la requisición, el gobierno español ha anunciado la “nacionalización” de la sanidad española, lo cual se trata de la facultad que tiene el gobierno de sustituir a los particulares en el uso y administración de instalaciones hospitalarias o empresas farmacéuticas para poder hacer frente a la emergencia.

Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel se dirigió a su nación en un discurso solemne —por primera vez en sus 14 años de mandato— y dijo que desde la Segunda Guerra Mundial no se había planteado a ese país ningún otro desafío en el que todo dependiera tanto de la actuación solidaria mancomunada de su comunidad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció, por su parte, la emergencia sanitaria en todo el país y una serie de medidas económicas de shock para amortiguar el impacto de la recesión que genera el coronavirus, diciendo: “Estamos en guerra, en una guerra de salud, por supuesto, pero el enemigo está aquí, invisible, esquivo”.

La Teoría de la Constitución establece que en toda ley fundamental deben existir procedimientos excepcionales mediante los cuales el poder se concentra en las manos del Presidente o del primer ministro —según sea el caso— para que éste tenga los elementos y potestades para que pueda sortear la emergencia de manera rápida y eficaz.

La emergencia por la que atraviesa el mundo entero no puede resultar indiferente en nuestro país y para enfrentarla es indispensable que el Consejo de Salubridad General comience a dictar de forma inmediata las medidas preventivas indispensables para enfrentar la pandemia.

Como Corolario, la frase de William Shakespeare: “El temer lo peor es con frecuencia el mejor medio para remediarlo”.

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