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Jueves, 18 de Octubre de 2018
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Corolario: Legislar por legislar

Raul contreras bustamantePOR RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

 

El Estado de derecho en nuestro país atraviesa por un momento muy crítico. Cada día, noticias de asesinatos, secuestros, linchamientos y otros delitos de alto impacto llenan las páginas de los diarios y noticieros. Con casi 70 asesinatos por día, México se desangra.

Hace unos días, una noticia estremeció a la opinión pública: En Jalisco se descubrió que un tráiler con cámara frigorífica —en cuyo interior se hallaban 157 cadáveres humanos— había recorrido diferentes municipios y fue denunciado por la ciudadanía debido a los fétidos olores despedidos.

Las autoridades del Estado señalaron que el tráiler había sido arrendado para refrigerar y conservar restos humanos no identificados, ante la falta de infraestructura suficiente para tal fin.

Esta problemática —que no es exclusiva de la entidad jalisciense— es resultado de lo dispuesto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas —de reciente promulgación— que consignó la prohibición para las autoridades de incinerar, destruir o desintegrar los cadáveres o restos de aquellas personas no identificadas o sin reclamar.

Para efecto de ayudar a los parientes de las víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas, el artículo 130 de dicha ley dispone que en caso de la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado, esta deberá ser digna y en una fosa individualizada.

Así mismo, se consignó la obligación conjunta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaría de Salud de diseñar los lineamientos aplicables para la conservación de los cadáveres. Investigando, se descubrió que lo anterior aún no ha sucedido.

La problemática es espeluznante. Los datos reportados por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o De-saparecidas señalan —al 30 de abril de este año— que hay un total de 37,435 personas registradas como no localizadas.

Vivimos en una era donde los legisladores creen —erróneamente— que promulgar una ley es la solución de un problema.

Sin desconocer la importancia de la existencia de acuerdos parlamentarios, cuando una ley comienza su vigencia, es apenas el inicio para tratar de lograr la solución. Dependerá —en gran medida— de la correcta y exitosa implementación de políticas públicas, que incluye la provisión de recursos presupuestales y administrativos.

Cuando la creación de una norma no viene precedida de un estudio presupuestario para prever su viabilidad y, además, cuando se establecen plazos y requisitos que se incumplen para la emisión de normas secundarias que aterricen su contenido, inevitablemente van a surgir nuevos problemas y conflictos. Además, la ciudadanía queda de-sencantada cuando advierte que las leyes no cambian para nada sus problemas y demás carencias sociales.

En síntesis: Una ley que en su creación adolece de estudio y reflexión, y que además, su contenido no tiene apego a la realidad social, no sólo no resuelve el problema, sino por el contrario, lo hace más grave.

El ejemplo de ello no puede ser más claro y doloroso. Los cadáveres ambulantes de Jalisco son muestra de la descomposición fétida de todo el sistema de impartición de justicia del país.

Como Corolario, la práctica de promulgar reformas constitucionales y leyes, durante esta administración, que han carecido de voluntad política para hacerlas realidad nos recuerda la célebre frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Hace falta que algo cambie para que todo siga igual”.

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