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Lunes, 23 de Setiembre de 2019
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Corolario: Sector Salud, en crisis

Raul contreras bustamantePor Raúl Contreras Bustamante

 

El derecho a la salud es uno de los derechos sociales por excelencia. Se encuentra consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política e implica una serie de obligaciones de carácter positivo para el Estado Mexicano.

Corresponde a las instituciones de gobierno –de la Federación y las entidades federativas– asegurar la asistencia médica cuando la salud de un individuo se vea afectada. Esta obligación es lo que se ha dado en llamar “El derecho a la atención o asistencia sanitaria”.

El tema ha cobrado especial relevancia en los últimos días, ya que la prensa consigna que la Secretaría de Hacienda ha congelado más de 794 millones de pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad.

La medida implicaría además reducir un 30% los gastos operativos respecto a los montos aprobados. La decisión es preocupante, pues también contempla disminuir el 50% de las subcontrataciones de servicios a terceros, como son: pruebas de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos, entre otros rubros.

Las carencias y desabasto que muchos de los institutos y hospitales padecen, así como las complicadas condiciones bajo las cuales laboran miles de profesionales de la salud, son sólo algunos ejemplos de la difícil situación por la que atraviesa nuestro Sistema Nacional de Salud.

Según datos ofrecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México se cuenta con 2.4 médicos por cada mil habitantes, en comparación con los 3.4 que en promedio el resto de los países de la OCDE tienen operando; y con 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, en tanto que el promedio de los demás países miembros, es de 9.

Por otra parte, contamos con 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, mientras que el promedio del resto de los países integrantes de esta organización es de 4.7. Otro indicador preocupante es que el gasto en salud –promedio por persona– en México, es de 1,080 dólares, que es la menor cantidad entre los 35 países de la OCDE.

Es cierto que el Sector Salud ha padecido –desde hace tiempo– de graves irregularidades en todos los estados de la República: infraestructura deficiente; contrataciones de personal fuera de la ley; desvíos de recursos hacia otros rubros; licitaciones infladas; malversación de fondos; y en general, una corrupción que permeó en las estructuras del Seguro Popular.

Pero el problema me parece se ha malentendido. Los recursos financieros desviados y mal gastados por los condenables hechos de corrupción no son sobrantes que se pueden dirigir hacia otros rubros de gasto: es dinero que hace falta para mejorar las condiciones de atención a la población más necesitada.

El desarrollo de un sistema nacional de salud –eficaz y eficiente– es una de las tareas fundamentales de nuestro Estado democrático. Para lograrlo, se requiere de más y mejor inversión pública para lograr cerrar las deplorables brechas de la desigualdad social.

La ciudadanía tiene muchas esperanzas depositadas en el nuevo gobierno y confía en que las políticas públicas que se pongan en práctica en realidad estén diseñadas en beneficio de los que menos tienen.

La protección a la salud es uno de esos instrumentos que permiten brindar equidad, que nos permitirán caminar hacia lograr la igualdad entre todos los mexicanos.

Como Corolario, las palabras de Gandhi: “No hay peor violencia que la pobreza”.

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