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Martes, 11 de Diciembre de 2018
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Corolario: Sistema Nacional Anticorrupción

Raul contreras bustamantePor Raúl Contreras

 

Los estudios de opinión indican que en las pasadas elecciones, el voto ciudadano fue definido —en gran medida— por la irritación ciudadana generada por la corrupción gubernamental. Los escándalos por los abusos de poder que se han cometido por autoridades, de los tres niveles de gobierno, ubican a este cáncer social como uno de los temas de mayor relevancia en la agenda nacional.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 —publicada por el Inegi— 9 de cada 10 mexicanos considera que los actos de corrupción son frecuentes en el gobierno.

La corrupción le cuesta mucho dinero al país, mismo que debería invertirse en infraestructura para el desarrollo y otros programas de importancia; e impacta de manera directa al resto de la agenda en temas como seguridad, educación, economía, etcétera. Es la corrupción un fenómeno cultural muy arraigado en la sociedad, cuyo combate no puede seguir postergándose.

El 27 de mayo de 2015 se publicó una reforma constitucional al artículo 113, que dio origen al llamado Sistema Nacional Anticorrupción. En esencia, pretende que la acometida en contra de este mal social pase a ser una obligación coordinada y concurrente entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México y los particulares.

Del análisis del campo de estudio del Derecho Constitucional, se desprende que la presente administración
que termina se caracterizó por haber impulsado muchas reformas a nuestra Carta Magna, pero algunas de ellas trascendentes fueron incumplidas por los mismos actores que las consensaron.

Desde el inicio de este gobierno, el tema de la corrupción fue parte de la agenda nacional, al grado que se consideró la necesidad de hacer reformas estructurales. Dos de ellas, de suma importancia, fueron la creación de la Fiscalía General —como órgano constitucional autónomo— y el propio Sistema Nacional Anticorrupción; pero en realidad nunca hubo la suficiente voluntad política para hacerlas funcionar.

La consecución de ambas reformas requiere, para que en realidad comiencen a funcionar, de la aprobación de legislación secundaria, la asignación de presupuestos y de los nombramientos de fiscales y magistrados.

A lo largo del inédito proceso de transición en la titularidad del Poder Ejecutivo y de la reciente integración de la nueva LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, llama la atención la falta de propuestas para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.

El tema de la corrupción fue un detonante que generó millones de votos en favor del próximo gobierno; y ello debe ser entendido como un mandato claro de que existe un clamor ciudadano para que se lleven a cabo cambios radicales para enfrentar el fenómeno.

El estudio de esta nueva institución indica que tiene muchos aspectos que deben perfeccionarse en su diseño, pero es un imperativo entender que ya está en la Constitución; y por ello, es indispensable su consolidación y cumplimiento.

La democracia no puede vivir por sí sola, necesita legitimarse cabalmente y uno de sus pilares más importante es la confianza de la ciudadanía, la cual encuentra en la corrupción a su peor enemigo

Como Corolario, las palabras del presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales: “La Constitución es la guía suprema para seguir edificando el país que queremos para las generaciones presentes y futuras”.

 

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