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Martes, 22 de Agosto de 2017
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El martirio de las desapariciones forzadas en Veracruz

FOTO: CAROL SUÁREZ

FOTO: CAROL SUÁREZ

El hijo de María Antonieta Muñoz Roa desapareció el 16 de noviembre de 2011, junto con un sobrino del entonces procurador general de justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa. 

Arturo Ramírez Villalba, familiar del exfuncionario duartista, apareció con vida; sin embargo, el paradero de Guillermo Muñoz Roa aún es desconocido. 

A María Antonieta se le va la voz cuando recuerda que sujetos armados sustrajeron a ambos de una vivienda, en la calle Violetas de la capital del estado. 

Guillermo, hasta sus 32 años, laboraba en una compañía de lácteos. Era vendedor y repartidor. Levantaba pedidos y posteriormente distribuía la mercancía. 

Su error pudo haber sido relacionarse con una persona, cuyo historial estaba más sucio que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -en la actualidad-. 

Al menos así lo considera su progenitora, con notoria expresividad en el rostro. Frunce el selo. Entristece y enfurece cuando habla sobre el caso. 

Los sentimientos la traicionan. Sus ojos derraman pasivas lágrimas que caen sobre sus mejillas enrojecidas. 

Su voz enronquece. Pierde saliva por la impotencia. El dolor de no tener cerca a su hijo y la incertidumbre de lo que pudo haberle sucedido, cortan sus palabras. 

Hoy, su hijo tuviese 38 años, pero nadie supo más de él. La Fiscalía General del Estado (FGE), antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se negó a investigar su desaparición por intereses políticos de los involucrados. 

INFLUENCIAS POLÍTICAS 

Se sabe que aquel 16 de noviembre Guillermo estuvo en una reunión con amigos, en la casa de Arturo, quien tiene antecedentes penales. 

De repente, un comando ingresó al lugar. Muñoz Roa y Ramírez Villalba fueron levantados. 

“A mi hijo se lo llevan junto con otra persona (con el sobrino de Amadeo Flores), la otra persona aparece, mi caso fue sonado, pero han manejado muchas versiones y por intereses, y porque esta persona estuvo protegida, mi caso quedó totalmente anulado”, cuenta Antonieta. 

La señora de unos 55 años, desesperada, atónita, acudió a las instancias posibles y buscó testigos para saber lo que realmente había pasado. 

Necesitaba información útil para localizarlo. Nadie quiso hablar. Todos parecían temerosos. 

Las puertas fueran cerradas para ella. Interpuso la denuncia correspondiente, pero de nada sirvió.

“Me dediqué a buscarlo en varios lugares, acudí a varias instancias y todos me decían: el caso es muy hermético, no se puede hablar de nada, porque es sobrino del Procurador. Así me decían. Mi caso nunca avanzó, en nada”. 

En este caso, pudieron haberse configurado varios delitos por parte de los encargados de la procuración de justicia: incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias. 

RESCATE TRAS BALACERA 

Dos días después del levantón, el 18 de noviembre, se registró una balacera entre sicarios y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la carretera antigua Xalapa-Coatepec, cerca de la escuela particular Las Hayas. 

De acuerdo con una nota informativa de Proceso, de misma fecha, y firmada por la periodista Regina Martínez -quien fue asesinada el 28 de abril de 2012- se rumoraba que un grupo armado se dirigía, en forma sospechosa, al colegio mencionado. 

En las inmediaciones, se encontraban elementos de ayudantía, pues allí estudiaban los hijos del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa -quien ahora está preso en el Reclusorio Norte, donde enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada-.

Cuatro delincuentes perdieron la vida y uno fue detenido durante aquel miércoles, alrededor de la una de la tarde. 

La mamá de Guillermo Muñoz Roa cree que Arturo Ramírez Roa fue rescatado después del enfrentamiento. 

“Ocurre una balacera el día 18, en esa balacera rescatan a este muchacho (Arturo) y mi hijo se supone que estaba con él, que lo llevaban con él, y no se sabe nada hasta la fecha”. 

Mientras esto ocurría, el entonces titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, comparecía ante diputados locales en la Congreso del Estado.

El exfuncionario, mejor conocido dentro de la corporación como “capitán tormenta”, también está detenido actualmente. Yace tras las rejas del penal de Pacho Viejo, Coatepec, desde el pasado 3 de febrero. Fue vinculado a proceso por tráfico de influencias y abuso de autoridad, pero la Fiscalía General del Estado también lo investiga -en proceso penal distinto- por enriquecimiento ilícito. 

La historia de Guillermo corresponde a uno de los miles casos de desaparecidos registrados en Veracruz. 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

El pasado lunes 24 de julio, el Colectivo por la Paz -agrupación integrada por familiares de desaparecidos, sobre todo madres- convocó a una rueda de prensa, para revelar que Duarte y Bermúdez serían denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. 

A juicio del abogado del colectivo, Ricardo Morales Carrasco, la denuncia sería conformada con más de 50 casos de desaparecidos, contabilizados durante el pasado sexenio priista. 

Ambos exfuncionarios podrían ser condenados a 30 años de prisión o cadena perpetua por los crímenes mencionados. 

La denuncia sería interpuesta en la primera semana de agosto. En primera instancia, ante la Procuraduría General de la República (PGR). Después, se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que se encargará de enviarla al Fiscal de la Corte Penal Internacional, en Suiza.

“Es el primer caso de un colectivo en todo el país que reclama como delitos que van contra la humanidad. El resto son por separados, pero como colectivo es el primero a nivel nacional”, recuerda el defensor legal. 

Cuatro días antes, 49 colectivos de desparecidos, que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), exigieron a la Procuraduría General de la República que Javier Duarte fuese investigado por desapariciones, asesinatos y violaciones graves a los derechos humanos.

Elaboraron una carta. La hicieron pública para que llegara a la PGR. 

“Para las familias que componen el MovNDmx, Duarte expresa la inmunidad con la que cuentan gobernantes estatales y federales, que han sumido a México en terror y muerte. La impunidad en Veracruz es un reflejo de la situación que existe en el país, que deja en evidencia que a las autoridades no les interesa esclarecer, investigar y castigar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México y proporcionar justicia a las miles de víctimas y familiares de personas desparecidas”, se lee. 

Consideraron que la gravedad de las desapariciones en Veracruz se refleja en el descubrimiento de fosas clandestinas. 

VERACRUZ Y SUS FOSAS CLANDESTINAS 

El Informe Especial sobre Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revela que entre 2007 y 2016 se reportó el hallazgo de mil 143 fosas clandestinas en el país, siendo Veracruz el tercer estado con más casos. 

Se trata de 191 fosas clandestinas encontradas, con 21 mil 874 restos óseos exhumados.

Por ejemplo, en Colinas de Santa Fe (localizada en mayo 2016), se han encontrado hasta la fecha 274 cuerpos, convirtiéndose en la fosa más grande de América Latina. 

En el Rancho El Limón (encontrada en febrero de 2017) se han localizado 10 mil fragmentos óseos y se han identificado a cuatro personas. 

En el predio El Arbolillo, Alvarado, (localizada en marzo de 2017) se han encontrado ocho fosas clandestinas. Se han desenterrado 47 cráneos y múltiples restos humanos. 

Sin embargo, hay más fosas clandestinas en Moyoapan (2016), Ixtaczoquitlán (2017) y en otras zonas del estado. 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), más de 665 personas desaparecieron durante el sexenio duartista; sin embargo, la cifra es mucho mayor, pero ha sido ocultada por la Fiscalía General del Estado. 

Además, durante el gobierno de Duarte fueron asesinados 18 periodistas y tres más fueron desaparecidos: Sergio Landa Rosado, de Cardel; Miguel Morales Estrada, de Poza Rica; y Gabriel Fonseca, de Acayucan.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 el estado de Veracruz se convirtió́ en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la administración de Javier Duarte; sin embargo, hasta el momento no se han presentado cargos relacionados con las muertes y desaparición de periodistas.

SEXENIO DE BÚSQUEDA 

María Antonieta muere de ansias por la aparición con vida de su hijo Guillermo Muñoz Roa. 

Ya ha buscado en fosas clandestinas, en cuarteles militares o policiales, reclusorios y hasta ha acudido a la plancha del Servicio Médico Forense (Semefo) para la identificación de cadáveres. 

Después de un sexenio, no ha tenido suerte. La esperanza persiste, pero se agota. Le duele imaginar que algún día sólo encuentre el cuerpo de Guillermo, inerte. 

Su caso fue atraído por la PGR, pero tampoco ha habido resultados. Todo sigue igual. 

La mujer muestra fortaleza para seguir en el camino. Luchando. Exigiendo justicia. 

“La Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía ni siquiera tiene los reactivos para hacer los estudios de ADN. No tenemos certeza de lo que les entregan a las familias”. 

Antonieta también ha participado en marchas y protestas para exigir al actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que atienda el problema y esclarezca los casos. 

Pero todo ha empeorado. En el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), del presunto cambio, se han repuntado las desapariciones forzadas.

DIEZ DESAPARECIDOS CADA 24 HORAS 

Apenas esta semana, Sara González Rodríguez, integrante del Colectivo por la Paz, lanzó una alerta a la población: diez personas están desapareciendo al día en Veracruz.

Yunes Linares prometió reducir la inseguridad en los primeros seis meses de su gobierno. Simplemente no ha podido. A casi ocho meses, continúan surgiendo  fichas informativas de desparecidos en redes sociales o en lugares públicos. 

El mayor número de desapariciones ocurre en la zona centro del estado; se han contabilizado hasta cinco al día. 

“Queremos que el Estado trabaje como debe de ser porque en vez de disminuir siguen en aumento las desapariciones”.

Y es que el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, no ha mostrado apertura. En las pocas reuniones sostenidas con familiares de desaparecidos ha sido prepotente e “irrespetuoso”. 

Por ello, los colectivos ya han pedido su cabeza varias veces. Creen que su falta de voluntad ha frenado investigaciones y es necesaria su destitución. 

“No ha cambiado nada. Sólo cambió el partido, pero el gobierno sigue siendo el mismo”, repudia Sara González. 

Los quejosos sostendrán una reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), el próximo 4 de agosto, para exigir soluciones a dicha problemática.

Seguirán saliendo a las calles para recordarle al gobernador Yunes que es su responsabilidad garantizar la seguridad del pueblo. 

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