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Lunes, 10 de Agosto de 2020
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En el fango de la inseguridad diez municipios

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  • De nada sirvió aumento de corporaciones policiacas contra embestida criminal en la zona centro del estado
  • Temor en colonias y centros urbanos por balaceras
  • En Atoyac, esposa y madre lloran pérdida de padre e hijo

 

Laura Rojas

blog.expediente.mx

 

Zona Centro.- Una nueva ola de violencia mantiene asolada a la región Centro del Estado, donde las corporaciones preventivas y autoridades encargadas de impartir justicia se ven nuevamente rebasadas por grupos delincuenciales, que operan en más de 10 municipios, dejando una estela de crímenes y otros delitos como secuestros, que van aumentando las estadísticas de la Fiscalía, sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo.

Los municipios de la zona Centro que más han sido afectados por la ola violenta son principalmente Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín, Atoyac, Tezonapa y Omealca, así como los de la región de Orizaba, entre ellos Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, donde las autoridades inútilmente han redoblado sus esfuerzos tanto de manera preventiva como de combate a la delincuencia, pero con pocos o nulos resultados positivos, ya que a pesar de la captura de algunos transgresores de la ley, los hechos delictivos siguen de forma constante.

Se trata de una situación que se ha mantenido en los últimos años, y que han provocado la reacción de diferentes sectores, desde el educativo, laboral, padres de familia, comerciantes asociados que empiezan a tomar la justicia por propia mano, y hasta la iglesia, que a diario pide y reclama la paz social, haciendo llamados a las autoridades para que coadyuven a reintegrar el orden, pero también orando por las víctimas de los delitos, para que sean reconfortados y encuentren un alivio, al menos espiritualmente.

Los hechos también han despertado las críticas hacia los gobiernos, y los grupos en el poder, que por estas fechas se reúnen con motivo de los tiempos electorales, sin que aparentemente exista preocupación por la situación que a diario viven miles de familias, quienes incluso han tenido que cambiar sus modos de vida en algunas regiones, ante el temor a la inseguridad, porque ya no tienen confianza en las corporaciones, ni en las autoridades, que parecen pasivas, escudándose las limitantes que ofrece en el sistema de justicia penal acusatorio, y el respeto a los derechos humanos.

 

LA DELINCUENCIA SÓLO DIO TREGUA DE UNOS DÍAS; PERO SIGUE IMPARABLE

 

Los índices de violencia se incrementaron en los últimos 3 años, con un promedio de 90 homicidios al año, en la zona que comprenden alrededor de 20 municipios de las regiones de Tezonapa, Paso del Macho, Córdoba, Orizaba y Huatusco. Las regiones donde las actividades económicas dependen de la agricultura y la industria, son azotadas por ejecuciones y secuestros principalmente, casos que a diario forman parte de las novedades, que como parte de la vida cotidiana se van conociendo a través de los medios de comunicación locales, quienes además se encargan de difundirlos hasta los últimos rincones de las localidades.

La mayoría de hechos violentos permanecen en los archivos de las agencias del Ministerio Público, clasificadas como reserva, otra cantidad se encuentran en trámite y sólo una parte, que es menos de la mitad de las investigaciones, fueron consignadas ante algún Juzgado, según los datos dados a conocer por las propias autoridades a inicios de este año.

Aun cuando los datos oficiales no precisan los hechos, ni los clasifican por afinidad de circunstancias, y sólo engloba los casos como muertes violentas, señala por ejemplo que desde diciembre del año 2012 hasta julio del 2015 hubo 270 víctimas.

Tan sólo entre 2013 y 2015, hubo aproximadamente 70 cuerpos que fueron localizados en las aguas del río Blanco y que de acuerdo con las investigaciones la mayoría fueron víctimas torturadas, y lanzadas al agua, donde días después fueron halladas descarnadas y en estado de putrefacción. Otras ejecuciones se registraron en pleno centro de las ciudades, a plena luz del día y a pesar de la presencia cercana de corporaciones policiacas preventivas. Muchas de las víctimas, que presuntamente contaban con antecedentes delictivos, fueron incluso dadas a conocer desde la parte oficial, como si se justificaran las ejecuciones de presuntos delincuentes. Tal fue el caso de  Guillermo Aparicio Lara, alias El Willy”, ejecutado en agosto del 2015 en la zona de Matatenatito, Omealca, así como un par de sujetos asesinados en el centro de Córdoba, y que años atrás habían sido detenidos por portación de drogas.

La ola de ejecuciones se mantuvo invariable hasta inicios de este año, cuando los grupos delincuenciales parecieron dar una tregua, aparentemente por la llegada de más elementos de la Policía a la zona, pero en este segundo trimestre la región vuelve a ser azotada por ola de violencia, que parece no tener fin.

 

*ÚLTIMOS HECHOS DE TERROR; UN DÍA NEGRO EN LA ZONA CENTRO

 

Entre los hechos recientes que sembraron el terror, se encuentra una balacera protagonizada por las fuerzas del orden y presuntos delincuentes, quienes fueron abatidos el pasado 16 de marzo, en la colonia Santa Catarina, del municipio de Río Blanco.

El enfrentamiento, que aterró a cientos de familias, se suscitó cuando dos sujetos de entre 25 y 30 años, caminaban a la altura de las bodegas del IMSS, ubicadas sobre el bulevar de Camino Nacional, donde presuntamente fueron interceptados por elementos de la Policía estatal. 

Presuntamente los civiles sacaron armas y dispararon contra de los uniformados, quienes repelieron la agresión, iniciándose una persecución que llegó hasta el cerro de Santa Catarina, a la altura de calle Calera y avenida Bugambilias, donde se registró otra balacera y donde los sujetos fueron abatidos.

El mismo día, en la zona rural de Córdoba, en un camino de terracería que conduce a la localidad La Lagunilla, delincuentes asesinaron a balazos al vendedor de tortillas Jesús Zael López Vázquez, cuando iba en su motocicleta, junto con otro vendedor que logró escapar.

Este, fue el segundo vendedor de tortillas ejecutado en menos de dos meses, luego de que el 20 de enero fuera asesinado de la misma forma el también vendedor de tortillas José Pedro Ramírez Dorantes, de 30 años, vecino de la colonia La Posta, cerca de donde fue ejecutado.

Por si fuera poco, ese mismo día, en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes, una balacera estremeció a los vecinos del centro histórico, principalmente a los padres de familia de la escuela primaria “Manuel V. Gándara”, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y la calle Ignacio Allende.

En ese sitio, fueron detenidos cuatro sujetos que eran perseguidos por guardaespaldas del Secretario General de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) CNC del Ingenio San Nicolás, ubicado en el municipio de Cuichapa, Alberto Figueroa Suárez, a quien previamente los delincuentes intentaron secuestrar en su domicilio de la localidad Guadalupe La Patrona, del mismo municipio. Los sujetos viajaban en una camioneta gris, que presentó varios impactos de bala, al igual que el vehículo en el que iba el dirigente cañero y sus escoltas, pero ninguno resultó lesionado. La Policía municipal de Amatlán, llegó para esposar a los individuos, que más tarde fueron entregados a la Policía del Mando Único de Córdoba, aparentemente para no verse involucrados los uniformados municipales de Amatlán, quienes prácticamente se mantienen dominados por la delincuencia.

Este dirigente, fue quien el año pasado, se atrevió a denunciar públicamente, en un mitin del entonces candidato a diputado federal, Marco Antonio Aguilar Yunes, el secuestro de su hijo Alexander Figueroa López, plagiado de su vivienda en el año 2014, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Luego, su esposa Ana Lilia, denunció la falta de interés de las autoridades y del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, paisano y conocido de la familia, quien a pesar de eso los dejó solos y hasta la fecha viven el calvario de no saber dónde está su hijo, aun cuando pagaron más de 3 millones de pesos a los supuestos secuestradores para que devolvieran sano y salvo al joven.

 

RESURGE LA VIOLENCIA EN LA ZONA DE ATOYAC

 

En el municipio de Atoyac, gobernado en el último lustro por la familia Mollinedo Hernández, una mujer llora la pérdida de su esposo, secuestrado y ejecutado, antes de que se cumpla un año del homicidio de su hijo. Los dos eran taxistas, y aunque la opinión pública registra supuestos vínculos de los finados con hechos delictivos, eso no mengua el dolor de esposa y madre.

La zona volvió a ser escenario de la violencia, luego de que fuera asesinado un taxista de 69 años, privado de su libertad el 17 de marzo, en su automóvil que recién había comprado.

Martha Ortiz Ramírez, es la esposa que tuvo que ir a reconocer el cuerpo de su marido. Aún no se recuperaba de la muerte de su hijo, cuando ya carga otro dolor.

Pedro Peña Montenegro, conocido como “El Perikín”, vivía en la Villa General Miguel Alemán, o Potrero Nuevo, y la tarde del sábado 19 apareció asesinado en una vereda entre cañaverales, en el Camino Viejo que conduce de la localidad Potrero Viejo hacia el poblado La Concha, en una zona que pertenece al municipio de Amatlán.

Corrió la misma suerte que la de su hijo Néstor Peña Ortiz, también taxista y conocido con el mismo sobrenombre, asesinado el 3 de mayo del año pasado, cuando manejaba su vehículo Atos, color rojo, y fue acribillado en pleno centro de Potrero Nuevo, yéndose a estrellar contra la fachada de un edificio donde tenía su despacho la notario público Minerva Cobos Losey. El crimen fue frente a la iglesia nueva de Cristo Rey, cuando la feligresía se encontraba en misa de mediodía, pero no por eso dejaron de aterrarse al escuchar las ráfagas, y el sacerdote sólo les dijo a los congregados “hermanos, no se distraigan, esas son cosas del mundo, pero Dios nos llama a estar atentos a su palabra”.

Hace unos días, Pedro fue torturado y luego asesinado de un balazo en la cabeza, quedando su cuerpo tendido, bocabajo, junto a uno de los cañales, y su carro a unos 15 metros.

Cortadores de caña fueron quienes encontraron el cuerpo y luego vieron el automóvil abandonado, reportando los hechos a las autoridades. Más tarde, policías, agentes ministeriales y peritos cercaron el área, donde el agente del Ministerio Público de Amatlán, Valentín Reyes de la Cruz, llevó a cabo las diligencias de inspección ocular, e inició la carpeta de investigación número 024/2016, certificando que el cadáver presentaba un balazo en la sien izquierda, y ordenó su traslado al Servicio de Medicina Forense (SEMEFO) de Córdoba.

 

PIDE OBISPO DE LA DIÓCESIS ORAR POR LA JUSTICIA

 

Como en otras ocasiones, la Iglesia fijó su postura ante los hechos de violencia que se siguen generando en la zona, y que laceran la tranquilidad de los ciudadanos. En su papel mediador, el obispo Eduardo Porfirio Patiño Leal pidió a la feligresía no perder la fe en que las cosas pueden cambiar, y consideró que las autoridades son quienes deciden si proceden o no contra los gobernantes por las faltas que cometan.

Al inicio de la Semana Mayor, el obispo de la diócesis de Córdoba, afirmó que esta fecha es una buena ocasión de orar para tener una mejor patria, donde se dejen de lado los enfrentamientos estériles y para pedir por la justicia, la verdad y también por la unidad para enfrentar los problemas que van surgiendo.
Luego de la bendición palmas por el “Domingo de Ramos”, el jerarca de la Iglesia hizo un llamado a la feligresía, para que piensen y tengan fe en que la realidad que hoy vivimos se puede cambiar.
“La tentación más grande del cristiano es resignarse a que las cosas no pueden cambiar, pero la realidad se puede cambiar”, consideró ante los representantes de los medios de comunicación, que día con día retratan la realidad que se gesta en la zona y en la entidad.
Claro, agregó, “que se vale soñar con la esperanza de poner las cosas en su lugar, que se hagan realidad todos los cambios que se necesitan para crecer como familia y sociedad”.
El obispo dijo que un buen indicador es que la gente participa con mucha fe y entusiasmo en las celebraciones religiosas de la Semana Santa, donde “lo más importante es el cambio interior, la conversión, el vivir que Cristo expresa con su muerte y resurrección, y lo mejor es que se tiene que vivir todos los días”.

Ya en temas políticos, consideró que le compete a las autoridades decidir si es procedente un juicio político contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa, aunque lo importante, acotó, “es que se analice con veracidad y honestidad del caso para que se haga lo conducente”.
Tras darse a conocer que la Legislatura del Estado analiza la demanda de juicio político contra el gobernador, por presunta mala administración de las finanzas y el incremento de la deuda estatal, entre otros asuntos, el obispo señaló que para eso hay instancias que se encargan de hacer las investigaciones correspondientes, y avaló que se haga lo que se deba hacer para tener claridad de lo que ocurre en el estado.
“No me toca a mí decir si alguien debe o no ser juzgado, para eso están las instancias como el Congreso, pero también hay otras instancias federales, que tienen que dar seguimiento a estas situaciones, que al parecer son anómalas y requieren clarificación o que se acaben de saldar cuentas anteriores pendientes”, finalizó.

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