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Miércoles, 21 de Febrero de 2018
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Errores “de primaria”, daño patrimonial en ayuntamientos

02 Túnel Sumergido

Los 69 Ayuntamientos y las dos entidades estatales que cometieron “presunto daño patrimonial” en la Cuenta Pública 2013, caen en los mismos yerros. FOTO: FABIÁN DELGADO

Los 69 Ayuntamientos y las dos entidades estatales que cometieron “presunto daño patrimonial” en la Cuenta Pública 2013, caen en los mismos yerros, que el Orfis exhibe: Mala planeación de obras, inexistencia de inventarios de sus bienes muebles e inmuebles, gastos erogados sin justificar y hasta erogaciones para obras sin una factura fiscal de por medio

“Inadecuada planeación de obras y acciones, omisión de proyectos ejecutivos, omisión del procedimiento de licitación para adjudicar obras,  costos elevados y volúmenes de obra no ejecutados”

PRINCIPALES INCONSISTENCIAS

REPORTE DEL ORFIS

Los 69 Ayuntamientos que incurrieron en presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 2013, así como las dos entidades estatales (la extinta Secretaria de Comunicaciones y el Fideicomiso del Túnel Sumergido) cometieron errores infantiles en su operación financiera y en su planeación de obras e infraestructura, razón por las que el Órgano de Fiscalización (ORFIS) los reprobó en su Cuenta Pública 2013.

El Resumen Ejecutivo del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013 –en poder del reportero-, en el rubro de observaciones y recomendaciones remarca las “observaciones recurrentes” en la Fiscalización Superior.

En observaciones de “cumplimiento”, el Orfis  remarca que es muy recurrente la falta de inventarios de bienes muebles e inmuebles, la inexistencia de padrones sujetos a pagos periódicos, la falta de autorización para contratar empréstitos, enajenar bienes y celebrar convenios, la falta de evidencia de que el órgano de control interno cumpla con sus funciones.

Entre los municipios que cometieron presunto daño patrimonial se enlista a Xico, Alvarado, José Azueta, Minatitlán, Lerdo de Tejada, Coatepec, Yanga, Cerro Azul, Cosautlán, Isla, Tezonapa, Atoyac, Coatzacoalcos, Jesús Carranza, Acajete, Coyutla, Papantla, Fortín, Castillo de Teayo, Tamalín, Tempoal, Filomeno Mata, Colipa, Soconusco, Rafael Lucio, Tlilapan, Vega de Alatorre, Ixhuacán de los Reyes y Coxquihui, quienes dañaron las arcas del erario, con un monto global a los 527 millones de pesos.

Concluida la primera fase del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2013, el Orfis incluye una “presunta responsabilidad” resarcitoria de los servidores o ex servidores públicos involucrados en un posible daño a la Hacienda Pública Estatal o Municipal.

Pues el documento remarca que es muy común encontrar en las auditorías practicadas la falta de Inventarios de bienes muebles e inmuebles, la inexistencia de padrones sujetos a pagos periódicos, la falta de autorización para contratar empréstitos, enajenar bienes y celebrar convenios, la falta de evidencia de que el órgano de control interno cumpla con sus funciones, las transferencias extemporáneas de fondos federales, la omisión del procedimiento administrativo de ejecución.

Además aparecen documentos carentes de firmas de autorización, erogaciones sin comprobantes, transferencias entre fondos no reintegradas, anticipos no amortizados, comprobantes sin requisitos fiscales, erogaciones no autorizadas, falta de entero oportuno de las obligaciones fiscales, omisión del procedimiento de licitación para realizar adquisiciones de bienes y servicios, errores u omisiones en registros contables.

El resumen ejecutivo del Orfis –obtenido al interior del instituto- remarca que en las diversas auditoras que realizaron a los 69 Ayuntamientos de Veracruz y a las dos entidades estatales se encontraron con bienes sin dar de alta en el inventario o patrimonio, donativos recibidos no comprobados o no registrados.

En el rubro de observaciones técnicas correspondientes a la obra pública, acciones de infraestructura, los auditores del Orfis encontrar una inadecuada planeación de obras y acciones, omisión de proyectos ejecutivos, omisión del procedimiento de licitación para adjudicar obras, costos elevados, volúmenes de obra no ejecutados, expedientes unitarios incompletos, obras realizadas que no se ajustaron a la normativa correspondiente de acuerdo al origen del recurso, obras sin terminar, obras operando fuera de norma o con operación deficiente, obras terminada sin operar, obras pagadas sin ejecutar, obras con deficiencias técnicas constructivas.

Como conclusión el Resumen Ejecutivo del Orfis remarca que una problemática constante en la Administración Pública es el pago de pasivos derivado de juicios laborales, este problema –dice el documento- se acentúa en el cambio de administración.

“Por lo anterior, es necesario que los entes fiscalizables, los registren contablemente en cuentas de orden, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e incluir en el Presupuesto de Egresos anual a ejercer, una partida que permita cumplir en tiempo y forma, con los pasivos derivados de laudos laborales”.

Respecto a la obra pública, el Resumen Ejecutivo del Orfis recomienda implementar medidas de control para concluirlas en los plazos contractuales, evitando con ello tener al cierre del ejercicio obras suspendidas o en proceso, además integrar los expedientes técnicos unitarios vigilando que se cumpla con los documentos requeridos en las etapas de planeación, adjudicación, ejecución y entrega de la obra.

Las dos entidades estatales que incurrieron en presunto daño patrimonial son el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.

Así como la extinta Secretaría de Comunicaciones –hoy Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas- en las Direcciones Generales de Vías de Comunicación, Infraestructura Complementaria y Caminos Rurales, así como la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo monto del presunto daño patrimonial supera los 267 millones de pesos.

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