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Escenarios: La muerte de un reportero

LUIS_VELAZQUEZ

•25 años de cárcel
•Libre el asesino intelectual

Luis Velázquez
06 de abril de 2018

UNO. 25 años de cárcel

Asesinado hace 3 años y dos meses, por fin, (“Más vale tarde que nunca”), la Fiscalía dictó sentencia contra un par de asesinos del reportero Moisés Sánchez, de Medellín. 25 años pasarán, de entrada, en la cárcel.
La condena tiene varios ejes rectores, entre otros, los siguientes:
A: El crimen fue cometido en el duartazgo. Incluso, asesinado el 2 de enero de 2015, fue el primero del año aquel. Tiempo cuando el duartazgo alcanzó dimensión estelar. Dos años antes de terminar el sexenio más fatídico en la historia local y nacional.
B: Durante dos años, Javier Duarte, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, “se hicieron patos”.
Y más, porque en el homicidio estaban involucrados elementos policiacos.
C: Desde un principio, las pistas llevaban a los policías.
Pero, oh paradoja, al presidente municipal de Medellín, el panista Omar Cruz, y quien desde entonces, primero, anduvo prófugo de la justicia, “a salto de mata”, y luego, parece, habría sido exonerado por la ley gracias al cabildeo jurídico de su abogado.
En todo caso, queda pendiente si los policías, ya condenados, desembuchan la llamada “verdad histórica”.
Es decir, la liga entre ellos, los policías, y el alcalde.

DOS. Delito de lesa humanidad

El asesinato de Moisés Sánchez fue un delito de lesa humanidad.
Los policías irrumpieron en su casa. Y se lo llevaron por la fuerza. Y lo desaparecieron. Y lo mataron. Y tiraron su cadáver a orilla de carretera. Y pretendieron cambiar la historia y el significado.
Desde el gobierno del estado, el llamado Estado de Derecho, Duarte y sus secuaces manipulaban los hechos.
El gobernador Yunes ha cumplido con la ley. Y con la demanda familiar y grupal de justicia.
Y más, porque en su momento, Duarte, apresurado y desesperado, manifestó su desdén en contra del reportero ejecutado.
“Es un taxista”, dijo, negando y renegando el esfuerzo titánico, fuera de serie, amplia generosidad, de Moisés Sánchez, quien tenía una tiendita de abarrotes y un taxi, en efecto, primero, para llevar el itacate y la torta a casa, y segundo, para financiar el periódico, “Unión”, que era severamente crítico con el alcalde panista.
Y aun cuando desde la cancha pública se diría que así como Duarte satanizó a Moisés, también Miguel Ángel Yunes Linares satanizó, aprisa y de prisa, al reportero Leobardo Vázquez Atzin, asesinado en Gutiérrez Zamora el 21 de marzo, 2018, y quien también financiaba su diario vivir con una tiendita de abarrotes.
Pero, bueno, lo importante, por ahora, es que dos policías asesinos de Moisés Sánchez fueron condenados a 25 años de cárcel.

TRES. Muchos pendientes penales

Hay muchos, demasiados, excesivos pendientes.
Tan sólo en el duartazgo 19 reporteros fueron desaparecidos y tres más desaparecidos.
Y en la yunicidad van cinco reporteros asesinados, a saber, Ricardo Monlui Cabrera, Edwin Rivera Paz (que venía huyendo de Honduras según el gobernador), Cándido Ríos Vázquez (que tenía amistades peligrosas), Gumaro Pérez Aguilando (que también tenía malos amigos) y Leobardo Vázquez.
Con todo, hayan sido reporteros, voceros de malandros, taxistas, fotógrafos de sociales, tenderos, etcétera, son seres humanos.
Lo peor: por culpa de Duarte, Veracruz se convirtió “en el peor lugar del mundo para el gremio reporteril”, luego de Siria, y en donde por la situación bélica, se salvan de ser satanizados como sucede aquí en Veracruz.
Reporteros asesinados, pero reporteros victimizados.
Ellos mismos, incluso, culpables de su muerte.
Lo dijo el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, sobre Miroslava Breach, la corresponsal de La Jornada:
Ella fue la culpable de su crimen, “porque pisó los callos al diablo”.
En tanto, la ONU le reviró de una forma lacónica:
“Pisar los callos al diablo es tarea de un buen reportero”.

CUATRO. Libre el asesino intelectual

Moisés Sánchez también “pisó los callos al diablo”.
El diablo se llama Omar Cruz, a la sazón presidente municipal de Medellín que fue.
Panista, se insiste.
Y por eso, el significado social y político de que la Fiscalía dictara la sentencia de 25 años al par de policías.
Nunca pudo “llegar a las últimas consecuencias” el gobernador Yunes cuando el asesinato de su amigo, director general y dueño del periódico “La Opinión”, de Poza Rica, sucedido el 8 de abril de 2005.
Entonces, Miguel Ángel Yunes Linares solicitó y logró que la Procuraduría General de la República, PGR, atrajera el caso, argumentando que como Fidel Herrera Beltrán gobernaba Veracruz el crimen quedaría en el limbo.
Y, no obstante, con los meses y los años, el crimen fue olvidado, terminaron los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa y en donde Yunes fue alto funcionario federal, y está por concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, y jamás, nunca, el asesinato fue esclarecido.
Y en el caso de Moisés Sánchez está muy bien que los policías fueran detenidos y sentenciados, pero ni modo de creer que ellos asesinaron a Moisés Sánchez por voluntad propia.
Ellos son, claro, homicidas físicos, falta el asesino (s) intelectual (es).
Y más aún, conocer las razones que con todo y condena de 25 años, ningún boletín dilucidó las razones del crimen del director general del periódico “La Unión” de Medellín.
Tampoco la Comisión de Periodistas se detuvo ni ha detenido en el pendiente.

CINCO. Nadie está a salvo

El mapa de la violencia y la incertidumbre social está canijo en Veracruz.
La zozobra, los días nublados, ha tocado a todos, sin excepción.
Reporteros, políticos, sacerdotes, mujeres, niños, hombres, ancianos, empresarios, profesores, etcétera, nadie está a salvo.
Incluso, y como en el caso del penal de Amatlán de los Reyes, La Toma, ocho muertos (seis policías y dos internos).
Y en el ajuste de cuentas, la estadística nacional ubica a Veracruz, junto con Durango, Michoacán y Oaxaca, como las regiones más peligrosas del país, háganos favor, para los pobres políticos en el tiempo electoral que se vive.
La lucha por el poder político, cierto, es sórdido y siniestro.
Pero en la rebatinga de los carteles y cartelitos por la jugosa plaza jarocha, “la muerte sigue teniendo permiso” y nadie escapa, ni siquiera, vaya, niños, mujeres y ancianos, y que ha de ser considerado “delito de lesa humanidad”.

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