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Miércoles, 22 de Mayo de 2019
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Existen 45 mercados de explotación sexual digital en Veracruz

GCS_4679En Veracruz existen 45 mercados de explotación sexual digital, sin que haya una legislación adecuada para la penalización de esta práctica.

Por ello, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Monserrat Ortega Ruíz en conjunto con el Frente Nacional para la Sororidad, presentarán una iniciativa de reforma y adhesión al artículo 177 bis del Código Penal del Estado, con la finalidad de penalizar a las aquellos que realicen prácticas de explotación sexual digital; es decir, suban contenidos sexuales a páginas y plataformas de internet sin consentimiento de los protagonistas.

La fundadora del Frente Nacional para la Sororidad e integrante del grupo de Defensoras Digitales, Olimpia Coral Melo Cruz, indicó que en Veracruz se han detectado en lo que va del 2019, 45 mercados de explotación sexual digital, principalmente en Facebook y Twitter.

“Se publican contenidos íntimos sin consentimiento de mujer y menores de edad, principalmente estas publicaciones acaban en diferentes tipos de violencia digital como la ciberpersecusión, la sextorsión y la trata virtual de personas”.

La activista, mencionó que el 80 por ciento de los contenidos de este tipo afectan a mujeres, principalmente de 18 a 30 años de edad; no obstante, no quedan exentas mujeres menores de edad, mayores de 30 años, hombres y miembros de la comunidad LGBTTI.

Indicó que al menos, registran 9 casos semanales de mujeres en los que han sido subidos videos o fotografías íntimas a plataformas en internet; por lo que contabilizan al menos en Veracruz 5 mil mujeres exhibidas sexualmente.

Así mismo, señaló que los estados que más presentan mercados de explotación sexual son el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, donde los contenidos tienen un costo de uno hasta 300 pesos.

Melo Cruz, señaló que es importante realizar esta modificación en el Código Penal para que los afectados a través de una denuncia, para que los mismos sean retirados de las redes por la policía cibernética, e incluso, se den de 5 a 8 años de presión a quienes lo publiquen y repliquen.

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