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Expediente 2017: Duarte sigue sorprendiendo

LUIS_VELAZQUEZ
Luis Velázquez
12 de mayo de 2017

Hay dos cositas insólitas en la historia de Javier Duarte como gobernador. Una, que en cuatro, cinco años, haya desviado 45 mil millones de pesos y ningún funcionario lo denunciara. Y dos, que el testigo protegido de la PGR, su prestanombre José Juan Janeiro Rodríguez, revelara que Karime Macías se benefició de los recursos desviados y fuera (digamos por ahora) dejada en libertad y esté tranquila en Londres, viviendo, ajá, de sus rentas.
Las mismas rentas, por ejemplo, con que luego de 33 años de dictadura Porfirio Díaz Mori se fuera a París, se dedicara a pasear todas las tardes a caballo y viviera hasta el día de su muerte.
En la lógica de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, faltan unas cuentas públicas por revisar en los años 2014 y 2015 y aún está pendiente del dictamen de la Cuenta Pública del 2016.
Pero al momento, según la ASF, 45 mil millones de pesos desviados.
Es decir, y “a ojo de buen cubero”, nueve mil millones de pesos por año.
Tal cual, ha de revisarse la posibilidad para preguntarse una y otra vez el tipo de fiscalización a cargo del ORFIS, la Comisión de Vigilancia del Congreso, la Contraloría, la secretaría de Finanzas y Planeación y los auditores internos y externos y los directores de Administración de todas y cada una de las secretarías del gabinete legal.
Pero más aún, de los titulares de las secretarías de Salud (Pablo Anaya, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez), Educación (Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl Adela Osorio) y Seguridad Pública (Arturo Bermúdez Zurita), que es por donde “la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones” fue más saqueada.

INSÓLITO SAQUEO

Todavía hoy, con Duarte preso en una cárcel militar de Guatemala y varios de los suyos presos en el penal de Pacho Viejo (Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac y Francisco Valencia, y Carlos Aguirre Morales y Leonel Bustos, prófugos), resulta insólito, sorpresivo, casi casi cardiaco, visualizar el saqueo.
45 mil millones, dice el auditor Juan Manuel del Portal, en cuatro, cinco años.
Más lo pendiente… que rastrean.
Según la ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos de Veracruz, el funcionario que calla… se vuelve cómplice. El funcionario que sabe del saqueo al erario y sigue trabajando en la dependencia, es cómplice. El funcionario que también “araña el erario” se vuelve socio y aliado y cómplice.
Peor resulta, por ejemplo, saber que cuando en el año 2012, Duarte desvió con los suyos 350 millones de pesos para programas de salud, seguridad y desarrollo pesquero, hacia el año 2016, angustiado y desesperado porque le “cayeran en la maroma” él mismo borró los registros del sistema financiero en SEFIPLAN (La Jornada, Gustavo Castillo, 21 de abril, 2017).
Es decir, un truhán, un pillo, un ladrón “de cuello blanco” en su plenitud.
Por eso, Duarte ha de pagar “y espero que haya justicia” como dijera el secretario de Salud federal, el doctor José Narro, ex rector de la UNAM.
Pero de igual manera, y dada la acusación del prestanombre de Duarte, José Juan Janeiro, Karime Macías también está involucrada pues se benefició con el dinero público.
Por lo pronto, el diez de mayo, en Villa Aldama, en el sur de Veracruz, la autoridad le quitó su nombre a una clínica de salud.
Pero al mismo tiempo, resulta insuficiente, y si ahí quedaran las cosas, digamos, por una concertacesión, un arreglo en lo oscurito, entonces, será imperdonable.
La banda duartista tiene aún muchos, demasiados pendientes en Veracruz.
Y es que los funcionarios, amigos y familiares que callaron porque también se beneficiaron fueron “besados por el diablo” y han de pagar, además de devolver el dinero robado.

TEMOR DE QUE DUARTE TODO DESPEPITE

El saqueo fue tan insólito como imperdonable.
Primero, recibían los recursos federales en la SEFIPLAN.
Segundo, los transferían a empresas fachadas.
Tercero, los volvían a transferir a otras cuentas para la compra de bienes muebles e inmuebles.
Cuarto, si la ASF insistía sobre el destino de los recursos federales agarraban de otros fondos, los depositaban en el banco, los reportaban a la Auditoría Superior de la Federación y en los días siguientes los movían de nuevo.
Y en el tejemaneje, Karime Macías fue beneficiada.
Por eso, y más allá de que la población de Veracruz desee la cárcel para la esposa de Javier Duarte, se trata de recursos públicos, y por eso mismo, la justicia ha de establecerse.
Días anteriores, la escritora y articulista de Reforma, Guadalupe Loaeza, se refirió a Karime y le hizo una petición formal. “¡Entrégate!”, le dijo.
Nunca, claro, lo hará. Karime está en el otro extremo del mundo y sólo se espera que la Procuraduría General de la República de seguimiento a las 56 denuncias penales de la ASF que van al momento y aplique la ley en base al Estado de Derecho.
El peor latrocinio en la vida pública es que el político ordeñe el presupuesto, pero todavía peor, que él, su familia, amigos y cómplices, queden en la impunidad.
Y en el caso de Javier Duarte muchos fueron los enriquecidos.
La cloaca apesta tanto que si Enrique Peña Nieto deja inconclusa las denuncias penales de la ASF en la PGR, el PRI perderá de calle la gubernatura de Veracruz el año entrante, y de paso, la podredumbre repercutirá en el resto de la nación.
Incluso, nada fácil sería que el Peñismo esté tardando demasiado en extraditar a Duarte, temeroso de que la corrupción política del ex priista sacuda con mal karma la campaña de Alfredo del Mazo junior en el estado de México.
Con todo, antes del 4 de junio, por ejemplo, sería un campanazo que Javier Duarte fuera extraditado y llevado a juicio penal en el país así como también sus socios, entre ellos, Karime Macías, a menos, claro, que en Los Pinos tengan miedo porque viéndose perdido por completo, Duarte despepite los sucios negocios y alianzas en que participó con el altiplano.

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