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Domingo, 21 de Octubre de 2018
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Gobierno del Estado deberá ofrecer una disculpa pública a pensionados y jubilados agredidos en 2015

CNTE

FOTO: FABIÁN DELGADO.

 

Autoridades estatales en defensa de los Derechos Humanos consideran necesario que el Gobierno del Estado emita una disculpa pública a los pensionados y jubilados agredidos en una manifestación en diciembre del 2015.
Esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación a autoridades estatales estatales y órganos autónomos por la violación de los Derechos Humanos de 36 personas en la manifestación por la exigencia del pago puntual de sus pensiones hace casi 3 años.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Gregorio Murillo Uscanga consideró que es necesaria una disculpa pública por parte del Gobierno del Estado por los hechos.
En entrevista, manifestó que también es necesario modificar las leyes que garantizan que no se repita la falta de pago a pensionados y jubilados, ya que la recomendación de la CNDH así lo especifica.

“Se debe ver el mecanismo para que no ocurra lo que ocurrió en ese momento, que fue la falta de pago y que garantice que los pensionados sin importar la situación económica que viva el estado se les pague lo que ya trabajaron por muchos años”.

Aseveró que el Estado debe garantizar el respeto absoluto de los derechos de las personas, por lo que la recomendación comprueba un exceso de la fuerza pública en contra de un grupo vulnerable.
“Es reprobable sin importar de qué partido o Gobierno se trate. El Gobierno actual debe atener las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que parte de la reparación del daño a las víctimas consiste en garantizar la revisión y adecuación del marco legal para evitar que estas situaciones se repitan.
“Puede ir desde una disculpa pública por parte del Gobierno hacia quienes vieron violentados sus derechos, hasta otros alcances incluso en el Instituto de Pensiones”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez recordó que la naturaleza de las resoluciones tanto de la comisión que preside como la de CNDH, son recomendaciones que de ser aceptadas se consideran obligatorias.
“Se trata de recomiendaciones, que si son aceptadas, la aceptación implica por si mismo la obligación de dar cumplimiento, como es potestativo acéptalas o no, si las aceptas implica que la autoridad se obliga a dar cumplimento a las recomendaciones “.

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