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Sabado, 22 de Setiembre de 2018
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México protege a Monsanto y más productores de transgénicos por intereses, acusan comuneros

mario alfredo contreras ramirez

Mario Alfredo Contreras Ramírez, representante de la comunidad de Bolonchén de Rejóny, Campeche, narra que la siembra de soya modificada continúa en sus tierras, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo prohibió, en tanto sean consultadas las comunidades y ellas mismas resuelvan si dan luz verde o no para su uso.

El campesino agregó que ni la Sagarpa ni la Cibiogem y tampoco la CDI han avanzado en el proceso de votación de los pueblos y buscan encaminarla en favor del uso de la semilla comercializada por Monsanto.

“La consulta se está manejando para maquillar, quieren que se haga lo que ellos digan y no respetar la decisión de nosotros”, lamentó. Y acusó que con este hecho se demuestra que el Gobierno de México busca “exterminar” a las comunidades indígenas “envenenando” su tierra.

Las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el apoyo del Estado mexicano a las grandes empresas que las cometen han sido el común denominador durante los últimos años en México.

Uno de los casos emblemáticos más recientes es el de la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche. Allí, desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la actividad, en tanto la comunidad maya sea consultada.

En 2012 las autoridades federales otorgaron un permiso a la empresa Monsanto para la liberación y siembra comercial de soya transgénica sin haber tratado el tema previamente con los pueblos indígenas cuyas comunidades se verían afectadas.

Desde el año pasado, organizaciones de la sociedad civil han reprobado el papel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), como responsables de la organización de la consulta.

Y en reiteradas ocasiones los afectados han denunciado que el esparcimiento de las semillas comercializadas por la empresa Monsanto no se ha detenido y han acusado también diversas irregularidades en el proceso de consulta.

En entrevista para SinEmbargo, Mario Alfredo Contreras Ramírez, representante de la comunidad de Bolonchén de Rejón, del municipio de Hopelchén, en el estado de Campeche, señaló que las autoridades del Gobierno mexicano, que preside Enrique Peña Nieto, protegen los intereses económicos de las empresas trasnacionales, en este caso, de Monsanto, mientras deja en la indefensión a las comunidades indígenas.

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