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Lunes, 11 de Diciembre de 2017
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Miembros de la Universidad Veracruzana exigieron a las autoridades resultados ante la Alerta de Genero emitida hace un año en la entidad

alerta de genero

Miembros de la comunidad de la Universidad Veracruzana (UV), repudiaron la violencia contra mujeres que existe en la entidad veracruzana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En conferencia de prensa, emitieron un posicionamiento en contra de la violencia estructural y de Estado la cual ha permitido el asesinato, violación y desaparición de las mujeres, en el que detallaron que a pesar de que la Alerta de Género se decretó para 11 municipios en el estado la violencia ha aumentado.

La coordinadora de Investigación de la Universidad Veracruzana Intercultural, Verónica Moreno Uribe, informó que, de enero a octubre de 2017, el número de veracruzanas víctimas de feminicidio y homicidio es de 219, mayor al del año 2016, de acuerdo con la recopilación de un proyecto universitario sobre cifras oficiales.

De esta manera, el documento firmado por 243 académicas y personal de la UV, exigieron a las autoridades que se informe respecto a las acciones realizadas hasta el momento para atender la Alerta de Genero en cada municipio y los resultados de las acciones realizadas.

Pidieron un informe detallado de la gestión y manejo de los recursos estatales y federales disponibles para la Alerta, así mismo pidieron capacitación pata los órganos de procuración de justicia.

“Las capacitaciones deberán ser aprobadas en sus contenidos y metodología por Organizaciones no Gubernamentales, consultoras o Universidades con experiencia probada en el trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

También, exhortaron a no criminalizar a las victimas de la violencia, a garantizar respuesta y a no naturalizar estas prácticas, resaltando los Derechos Humanos, ya que indicaron que la declaratoria tiene limitaciones por su naturaleza y existe la obligación constitucional por parte del Gobierno del Estado y de los municipios de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

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