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Jueves, 22 de Noviembre de 2018
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Omisión del Estado ante crisis migrante, denuncia Peimbert

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Sábado 3 de noviembre de 2018. Desde donde acamparon los más de seis mil desplazados del éxodo centroamericano, en la localidad istmeña de Matías Romero, colindante con Veracruz, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert, denunció que el Estado mexicano está incurriendo en una omisión criminal al dejar sin protección y asistencia a estos migrantes, 90 por ciento integrado por familias y casi una tercera parte niños y niñas.

Y peor aún, al echar mano a todo tipo de presiones, amenazas y acciones directas para hacer más arduo el avance de estas víctimas, expulsadas de sus países por la violencia. El gobierno mexicano ha fallado en implementar un modelo eficiente de intervención para dar la debida atención humanitaria a estos ciudadanos, que cumplen ya 15 días de recorrido por territorio mexicano en condiciones de extrema precariedad.

Peimbert y el equipo de la defensoría oaxaqueña asistieron y observaron el tránsito de la caravana desde el momento en el que la columna humana dejó territorio chiapaneco para entrar a Oaxaca y hasta su salida hacia Veracruz.

Hubo un momento, relató, en el que se abrió la oportunidad de agilizar y humanizar el camino del éxodo con la disponibilidad de autobuses para trasladarlos.

Fue en Juchitán, donde la caravana permaneció dos días reorganizando su ruta. Con la intervención de diversos actores, entre ellos universidades e iglesias de Oaxaca, se había apalabrado el uso de 70 autobuses. Según un censo que levantó la DDHPO en Arriaga, una estación antes, había poco más de 7 mil 300 personas.

Pero funcionarios del gobierno federal, y esto me consta, hicieron insistentes llamadas telefónicas a los dueños de las empresas de transportistas oaxaqueños. Los presionaron, incluso los amenazaron con acusarlos de tráfico de personas y de quitarles las concesiones si cedían sus unidades. Les advirtieron que incluso corrían peligro, ya que entre los centroamericanos supuestamente vienen pandilleros, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. Y al final, anoche los transportistas cedieron y se negaron a facilitar los autobuses. Así, dieron la espalda a estas 7 mil personas.

Ni renta ni préstamo

Cuatro de los más poderosos concesionarios del estado –Alejandra Gómez Candiani, presidenta de Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca y de la sociedad cooperativa Choferes del Sur; Erasmo Medina, de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao; Moisés Villanueva, de Servicios de Transportación Exprés de Antequera, y Alberto Rebollar, de Alianza de Transporte Multimodal de la Ciudad de Oaxaca– anunciaron que no iban a brindar el servicio ni en renta ni en préstamo.

Y con ello se endureció el cerco con que el gobierno federal ha intentado que los caravaneros no avancen hacia Ciudad de México.

Este retiro de un apoyo vital a miles de migrantes que ya vienen desfallecientes forma parte de un patrón de acciones implementadas fundamentalmente por la Policía Federal, la Gendarmería y el Instituto Nacional de Migración para obstaculizar la movilidad de la caravana, insiste Peimbert. Y constituye una flagrante violación al derecho humanitario al que el Estado mexicano está obligado a observar.

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