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Miércoles, 19 de Setiembre de 2018
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Periodista de Xalapa gana amparo a Jorge Winckler; el fiscal deberá desbloquearlo de su cuenta de twitter

20192300-9220-4D2D-AE9E-51FBBCF218EAPeriodista de Xalapa, gana amparo contra Jorge Winckler Ortíz con respecto al bloqueo de periodistas en su cuenta de Twitter; ahora el fiscal general del Estado tendrá que desbloquearlo.

El pasado 28 de mayo, el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz resolvió otorgar el amparo y protección de la justicia federal al periodista Miguel León Carmona en contra del bloqueo de su cuenta en Twitter realizado por el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz.

El juez federal consideró en su resolución que dicho bloqueo por parte del funcionario público constituye un acto de autoridad que atenta contra los derechos humanos a la libertad de expresión y acceso a la información del periodista.

De esta manera, el juez ordena al Fiscal General del Estado de Veracruz, desbloquear al periodista, quien  interpuso el amparo 1249/2017 en octubre de 2017.

Al considerar trascendental conocer la información del titular del organismo autónomo que postea en su cuenta, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la verdad y en el contexto de la corrupción que existe en Veracruz, el juez dio un fallo a favor del periodista.

De igual forma, se reconoce la importancia de que los periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la información para evitar la consolidación de sociedades autoritarias.

Esta sentencia se suma a resoluciones en México y Estados Unidos, como las dictadas en el juicio de amparo indirecto 216/2017 por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, y más recientemente, en el caso Knight First Ammendment Institute y otros vs. Donald Trump resuelto por una jueza federal en Nueva York, Estados Unidos.

En estos casos, se resalta que al bloquear las cuentas de la ciudadanía o periodistas, se comete un acto de discriminación al decidir quién sí o no puede obtener información de interés general, además de atentar contra su derecho a la libertad de expresión y de información.

“Si la autoridad responsable decidió comunicarse con la ciudadanía a través de algún medio electrónico (como lo son las redes sociales) al compartir en su cuenta personal información inherente al desempeño de su encargo, es evidente que voluntariamente asumió las consecuencias normativas correspondientes, ante la calidad de los datos compartidos”; señala la resolución.

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