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Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
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PGR abre investigación por “Ciudad de los Niños” en Guanajuato

CIUDAD DE LOS NIÑOS

 

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación para verificar si los hechos ocurridos en los albergues  “Ciudad de los Niños” y “Ciudad Juvenil” de Guanajuato y Michoacán, respectivamente, pudieran configurar algún delito federal y, en su caso, proceder legalmente contra los responsables.

Lo anterior, mediante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), en términos de la Ley General para Prevenir Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, en agravio de niñas, niños y adolescentes, dijo la dependencia en un comunicado.

La atención a las niñas, niños y adolescentes que aún se encuentran albergados en estos centros asistenciales es supervisada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guanajuato, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección a Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) del mismo estado.

Además, se ha establecido un esquema de coordinación entre esas instancias y sus similares a nivel Federal, así como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, para elaborar un plan de restitución integral de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

 

PODRÍAN EXISTIR DELITOS DE VIOLACIÓN Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS

La sentencia 475-2016 es clara: los hechos documentados y testimonios de los niños, niñas y adolescentes citados ameritan una intervención estatal y una investigación de los posibles delitos cometidos en el albergue la Ciudad de los Niños Salamanca, y en demás centros administrados por Pedro Gutiérrez Farías y sus colaboradores.

Los delitos que, según la jueza federal Macías Lovera, se deben investigar, incluyen la apropiación de la patria potestad, que es “irrenunciable” y sólo la autoridad puede otorgar a terceras personas; la violación del derecho a la identidad; la violación del derecho a la convivencia, a la integridad personal y a una vida libre de violencia. Podrían existir también delitos de violación y desaparición de personas, como sugieren testimonios citados en la sentencia y en medios, de adolescentes embarazadas que desaparecieron del albergue de Salamanca.

Resulta paradójico que el gobernador de Guanajuato considere que no es obligación investigar a Pedro Gutiérrez, como si bastara con que el DIF esté a cargo del albergue y que la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se ocupe de la restitución de los derechos de éstos. Es un avance que las instancias como el DIF se apeguen a la ley y reparen el daño del que, por omisión, son responsables, y que la Procuraduría de Justicia esté investigando delitos contra la filiación y el estado civil.

 

TOLERANCIA HACIA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Desde la perspectiva de la justicia resulta, sin embargo, inexplicable que no se haya investigado al responsable del albergue, como si los delitos denunciados no lo ameritaran. Incluso respetando la presunción de inocencia, la actuación de las autoridades estatales, y la falta de atracción hasta hace unas horas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), sugiere una preocupante tolerancia hacia la violencia institucional. Aun si no hubiera indicios de violación y de posible trata de personas —contenidos en los testimonios— ¿no basta con que se hayan violado derechos humanos de las víctimas?

La falta de contundencia de las autoridades explica que el denunciado se convierta en acusador: Gutiérrez Farías presentó una demanda penal contra quien resulte responsable por los delitos de “difamación y calumnia”. Este instrumento se usa para amedrentar a quienes denuncian e informan. Por eso incluso en el Congreso de Guanajuato se ha planteado eliminarlo del Código Penal del estado pues sirve para atentar contra el derecho a la información.

A la vez que informó acerca de esta demanda, el abogado de Gutiérrez Farías presentó a egresados del albergue, que dieron testimonios favorables. Si así intentó contrarrestar la información que medios y organizaciones han publicado sobre la situación en el albergue, incluyendo pruebas de demandas previas y de actas de nacimiento ilegales, la estrategia es endeble: la violencia institucional(izada) no afecta por igual a todos. Como planteara la jueza Macías: “la existencia de personas que han logrado su proyecto de vida en nada cambia las consideraciones de la presente sentencia, pues la grave violación de los derechos de menores de edad no puede ser soslayada por el Estado”.

En vez de actuar con lentitud ante una sentencia que documenta la violación de derechos humanos y delinea los pasos a seguir, el gobierno de Guanajuato podría tomar el caso como llamada de atención y actuar con imparcialidad y prontitud. ¿Por qué se perdieron denuncias previas de violencia? ¿Por qué el DIF no supervisó regularmente el albergue? ¿Quiénes hicieron posible la apropiación de NNA mediante el Registro Civil? ¿Hubo o no adopciones ilegales? ¿Se respetan los derechos humanos de NNA en los demás albergues del estado?

 

Tomado de Aristegui Noticias y El Economista.

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One thought on “PGR abre investigación por “Ciudad de los Niños” en Guanajuato

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