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Sabado, 11 de Julio de 2020
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Recorte a la CEAV la volvería inoperante en la búsqueda de personas desaparecidas

Foto: Obturador MX

Foto: Obturador MX

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) se volvería inoperante en la búsqueda de personas desaparecidas, debido al recorte presupuestal que pretende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este jueves miembros de una veintena de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Querétaro, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, México, se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional en protesta por el recorte al presupuesto a la CEAV.

Carlos Saldaña Grajales, miembro del colectivo Familias Enlaces Xalapa, quien busca a tres hijos desaparecidos desde noviembre del 2011: Karla Nayelli Saldaña, Yunery Citlally Romero y Jesús Alberto Estrada, reprochó que el recurso de la CEAV sería exclusivo para los sueldos de quienes la integran, por lo que las búsquedas quedarían descartadas.

“El recorte del 75 por ciento viene parejo y prácticamente se quedaría la CEAV con el 25 por ciento para su operatividad, algo que será catastrófico para nosotros, porque prácticamente solo sacarían los sueldos de ellos”.

Recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante su campaña y cuándo tomó posesión a apoyar siempre a las víctimas, “y es algo que no está cumpliendo”.

“¿Qué caso tiene que exista una CEAV así? se formó para apoyar a las víctimas y no a funcionarios que los mueven de un lado a otro y ocupan cargos dentro de la CEAV, ya no va a ser para las víctimas, sino para darle trabajo a compadres, amigos y otros funcionarios”, lamentó Saldaña Grajales.

Expuso que esta reducción vendría para el presupuesto destinado para el 2021, por lo que aún están a tiempo de frenar esta medida y continuar con las búsquedas.

Durante la tarde, los miembros de los colectivos montaron casas de campaña con la intención de pernoctar afuera de Palacio Nacional, en caso de no obtener respuesta.

Mara Gómez Pérez, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas reconoció que con el “decreto de austeridad” del gobierno federal, la CEAV no podría funcionar.

A través de un desplegado, refrendó su compromiso con la defensa y protección con las familias, de los derechos humanos, y lo honrará bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas.

“En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento. La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios”, señala el desplegado de la CEAV.

Aunque la CEAV se encuentra en el supuesto de excepción señalado del numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.

En ese sentido, la SHCP no consideró que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

El recorte afectará principalmente en pagar los servicios de renta, agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país, ya que la CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados.

Además del incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.

El área de traslados desaparecería, por lo que será imposible tramitar los 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el Ministerio Público, Juzgados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o diligencias de búsqueda.

Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.

La reducción del 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, también no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.

Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.

 

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