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Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
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SCT destruirá arrecifes: Cemda; juez avaló el interés económico sobre el ambiental en Veracruz

arrecifes

La visión del Juez sobre la ampliación del Puerto de Veracruz –que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes– no toma en cuenta que el proyecto afecta el interés social de la población, pues conlleva impactos ambientales graves en un ecosistema fundamental no sólo para la preservación de las actividades económicas, las tradiciones culturales y la calidad de vida, afirmó Ximena Ramos, de la Oficina del Golfo de México de Cemda.

Además, la destrucción de una parte del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano también conlleva riesgos para la sobrevivencia de los habitantes de Veracruz, toda vez que ese arrecife presta servicios ambientales que hacen posible la vida y las actividades que se realizan en el puerto, destacó la también abogada.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) acusó que pese a la presentación de argumentos jurídicos y técnicos para defender al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), localizado frente a la ampliación del Puerto de Veracruz, el Poder Judicial de la Federación en esa entidad se ha negado a reconocer los daños ambientales del proyecto, además de la violación del derecho a un medio ambiente sano de los habitantes.

En diciembre pasado, habitantes de la región, asesorados por esta Organización No Gubernamental (ONG), presentaron una demanda de amparo para solicitar la suspensión de las obras de ampliación portuaria, especialmente aquellas que pudieran provocar un daño irreversible al ecosistema.

En abril pasado se dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación determinaría si el proyecto en el puerto veracruzano vulneró o no el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano, pero recientemente lo negó.

La especialista recordó que en abril, el Juzgado de Distrito negó la suspensión definitiva de las obras al considerar que los demandantes “no habían demostrado tener un interés legítimo para solicitarla”, o sea, no acreditaron tener una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica.

También estimó que “detener una obra como la ampliación del puerto de Veracruz, evidentemente iría en contra del interés social y orden público que impulsó al Estado mexicano a su realización en beneficio de la economía y la población”.

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