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Jueves, 02 de Abril de 2020
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Se destapa corrupción sindical en ayuntamiento de Xalapa

73FF92B5-885D-4698-8D49-03971435EBA5Existe una denuncia que fue presentada en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra funcionarios municipales y el líder sindical Rolando Ortega Salazar por violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, discriminación y acoso laboral.

 

Varias denuncias y demandas fueron presentadas contra el ayuntamiento de Xalapa y líderes sindicales por anomalías que han afectado de manera directa a los empleados sindicalizados.
De acuerdo con los expedientes en posesión de Crónica de Xalapa, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa adherido a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha sido señalado de favorecer a los intereses del gobierno municipal.
Incluso, se presume que dicho sindicato ha operado de manera ilegal, durante varias administraciones municipales.
En el municipio hay cuatro secciones sindicales. Por ley, todas deberían contar con su propia toma de nota; sin embargo, solo hay una.
La sección primera es encabezada por el líder sindical Miguel Ángel Briones Méndez; la segunda, por Rolando Ortega Salazar; la tercera, por Esaú Soriano Contreras; y la cuarta, por Armando Caiceros Ortigoza.
Ortega Salazar es secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, de la CROC, y ha sido denunciado por su falta de probidad sindical.
Existen quejas ante la Contraloría Interna del ayuntamiento de Xalapa contra Eduardo Maggie Chena, exdirector de Recursos Humanos; Bárbara Gabriela Paredes Rodríguez, jefa del Departamento de Ejecución Fiscal; Yvannia Olmos Roa, jefa de Asuntos Laborales, por acoso laboral.
Los servidores públicos fueron señalados de intimidación, agresión emocional y exclusión del trabajo, desde mayo de 2018.
También existe una denuncia que fue presentada en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra dichos funcionarios y el líder sindical Rolando Ortega Salazar por violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, discriminación y acoso laboral.
Del mismo modo, se hace mención que la oficina de transparencia del mencionado sindicato se encuentra en una propiedad del Secretario General.
Allí, el líder sindical tiene a seis personas comisionadas, más otras diez que tiene en el sindicato, cuando la ley marca solo comisionados al comité; sin embargo, esas 16 personas no forman parte del comité del sindicato de la CROC.
MANEJO INDEBIDO DEL DINERO
Pese a lo anterior, el ayuntamiento de Xalapa ha dado injerencia a los representantes sindicales de la CROC, para la repartición de dinero a los trabajadores por concepto de compensaciones o gratificaciones.
En 2019, el gobierno municipal autorizó al sindicato un “supuesto premio mensual al mejor trabajador”.
La autoridad debía evaluar el desempeño de cada empleado, pero, para no meterse en problemas, otorgó el dinero a los sindicatos y así los líderes lo repartieran a su esquema de intereses.
Sin embargo, los sindicatos lo reparten a su libre arbitrio, pero sobre todo a familiares, amantes o aplaudidores.
El año pasado, Miguel Ángel Briones Méndez autorizó cinco mil pesos de compensación o gratificación a su hermana, cuando solo había otorgado mil o mil 500 pesos a los demás trabajadores.
Durante este mes, ingresaron varias demandas de los trabajadores del área de Limpia Pública, en busca de una base, debido a la inexistencia del nombramiento de “empleados definitivos”.
La Ley Federal del Trabajo establece que solo existen dos modalidades de empleados: base y definitivo, situación que no ha acatado el ayuntamiento de Xalapa.
Además, algunos inspectores del Departamento de Ejecución Fiscal también planean presentar su demanda en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), pues laboran bajo un régimen que, en el gobierno de Américo Zúñiga Martínez, denominaron “suplente fijo”.
Empleados del Área de Parques y Jardines también están inconformes por anomalías en el ayuntamiento.
Se trata de decenas de trabajadores que ganaron un laudo y no han recibido su pago.

 

 

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