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Martes, 18 de Setiembre de 2018
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El mexicano Roberto Díaz lleva en la esfera profesional del golf desde 2009. Foto: AFP CIUDAD DE MÉXICO. El golfista veracruzano Roberto Díaz sufrió un fuerte tropezón hace un mes al quedar fuera de los mejores 125 golfistas del PGA Tour y perder su tarjeta para la siguiente temporada; pero supo levantarse y busca regresar al circuito. Fue un año complicado, no tuve los resultados que pensé obtener en el PGA Tour. Me di cuenta de que no estaba preparado para jugar a ese nivel. Empecé a hacer cambios a mitad del año, para prepararme para el final y gracias a Dios los cambios que hice fueron los correctos”, dijo Díaz, profesional desde 2009. Bobby, ingresó a las finales de la Web.com con el objetivo de conseguir una de las 25 tarjetas que se reparten al concluir los cuatro torneos de la postemporada de dicha gira. Después de las primeras dos fechas ( T24 y T25 respectivamente), se presentó en el Albertsons and Boise Open, el tercero de los cuatro torneos, donde gracias a un quinto lugar escaló hasta la posición 15 del ranking. Aunque matemáticamente aún puede quedar fuera del PGA Tour, apunta para estar de vuelta. Espero que el segundo año sea mejor y creo que lo será porque llego con más confianza. Todos mis años como profesional han sido buenos y este 2018 aunque el golf no ha sido el mejor, sin duda es el que más aprendí”, explicó.

Transparencia 3.0: Opacidad en publicidad duartista

Naldy RodríguezEl pasado de 20 de agosto, después de dos años de haber solicitado los convenios de publicidad oficial del gobierno de Javier Duarte, fueron entregadas copias de algunos documentos emitidos en los dos últimos años de su sexenio con los medios de comunicación estatales y nacionales.

Fue  un largo camino, por la vía administrativa y judicial.  Hasta que se ganó el amparo federal –en marzo de este año-, el IVAI impuso amonestaciones y multas a la Coordinación General de Comunicación Social. Ni el Gobierno de Veracruz ni el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información actuaron de forma responsable, por el contrario fueron omisos y negligentes.

Se trata de convenios abiertos, que carecen de la cantidad que destinaron a esas empresas, información que incumple la resolución emitida desde noviembre de 2016 por el órgano garante en la que se advirtió que debía proporcionarse la información derivada de los mismos “los medios contratados y los montos pagados a cada uno de ellos por dichos servicios”.

En aquella resolución, la comisionada ponente, Yolli García, advertía que era necesario “transparentar la rendición de cuentas y actuar de los entes ante la sociedad, bajo el principio de máxima publicidad”.

La misma información se solicitó en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y en la pasada administración, cuando estaba al frente de la dependencia Gina Domínguez, hoy en la cárcel acusada de enriquecimiento ilícito por el pago de jugosos convenios a empresas de su propiedad o en las que se encontraba como socia.

A casi dos años de que dejó el “poder” Javier Duarte, la opacidad  persiste en la publicidad oficial de Veracruz. En noviembre de 2017, Elías Assad, le declaró al corresponsal de Proceso que el ex gobernante “agasajó” con 13 mil millones de pesos a empresas periodísticas y que algunas nacionales eran sus consentidas.

En la cuenta pública de 2016, el ORFIS señaló que desde la Coordinación de Comunicación Social se desviaron 2 mil millones de pesos y casi la mitad sería a empresas fantasmas, sin registro público y otras que compartían dirección en viviendas o locales cerrados en el estado de Puebla.

Lo raro es que esos nombres ni algunos otros que era del conocimiento público que tenían convenio con gobierno, no aparecen ahora en las 2 mil 140 copias simples entregadas y que representan contratos con cerca de 150 medios de comunicación establecidos entre 2015 y 2016.

Lo que sí queda claro en esos convenios es la forma en que dispersaban el recurso público para pago de publicidad oficial, los proveedores debían endosar las facturas a nombre de distintas dependencias estatales, según la indicación que se les diera.

Además establecieron en ellos una clausula de confidencialidad para que el prestador de servicios no divulgara los resultados y las condiciones del documento, ni la información que se les proporcionara para el cumplimiento.

El acceso a la información no es una concesión ni dadiva, es un derecho. Sin embargo, los funcionarios en turno no entienden que el poder es efímero, que hay consecuencias legales de su actuar y que deben estar bajo el escrutinio de la ciudadanía.

Es indudable que los medios de comunicación pueden establecer convenios completamente lícitos con la federación, gobiernos estatales o municipales; sin embargo, quienes ejercemos el periodismo debemos promover un piso parejo, igualdad de condiciones para acceder a los recursos públicos y transparencia en su asignación.

Comprender la historia reciente, y por eso la insistencia de transparentar el quehacer gubernamental, nos puede ayudar a evitar los errores del pasado:  el desvío de recursos a empresas “fachada”, la designación de contratos millonariosa un puñado de medios e inequidades en la contratación de publicidad oficial.

Ojo: No se vende la dignidad ni la línea editorial; se vende publicidad y espacios, nada más.

Twitter @ydlan

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