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Martes, 24 de Abril de 2018
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Vinculan a proceso por desaparición forzada a ex funcionarios de la FGE

Foto: Carlos Hernández

Foto: Carlos Hernández

Se dijeron inocentes, el perito que les “ayudaría” únicamente perjudicó a los imputados, por lo que fueron vinculados a proceso por desaparición forzada en agravio de un policía estatal originario de Acayucan que acudió a la Capital veracruzana a presentar los rigurosos exámenes de confiabilidad.

Es el caso de los exfuncionarios de la Fiscalía General de Veracruz, Carlota Zamudio Parroquín y Gilberto Aguirre Garza, quienes fueron detenidos el 3 de abril tras la ejecución de una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.

Ella vistiendo una blusa blanca con puntos color naranja, jeans azul y zapato casual. Él, con una playera color naranja que era cubierta por un saco color azul marino, zapato negro de vestir y pantalón de mezclilla.

La presentación de los exfuncionarios imputados por desaparición forzada llamó la atención del público que entró a la audiencia de desahogo de pruebas, “parecía que iban a un domingo de fiesta, bien arregladitos”.

Los ánimos subieron de tono al grado que la madre del policía asesinado que se encontraba presente en la audiencia, tuvo que salir por una urgencia médica, “se le subió la presión” fue el diagnóstico de los paramédicos de Cruz Roja que acudieron a asistirla para llevarla a un hospital de la Capital.

Reanudándose la audiencia, la Fiscalía General de Veracruz aportó las pruebas que “hundieron” a los exfuncionarios, ya que lograron acreditar la participación de Carlota y Gilberto en el hallazgo de 19 cadáveres en la barranca La Aurora, rodeada de robustos árboles, zopilotes y olor a muerte, ubicada en las inmediaciones de la Academia de Policía de El Lencero, aquella donde el grupo élite de Bermúdez Zurita llevaba a sus víctimas “levantadas”, para ser torturadas y que hasta la fecha se desconoce su paradero.

En un salto desesperado, la defensa de los imputados refutaron las pruebas de la Fiscalía y acusaron a Rosario Zamora Gonzalez, extitular de la dirección de investigaciones ministeriales; a Eva Aquino Tamayo, ex Fiscal de Distrito de Xalapa y María Isabel Hernández Fernández, quien actualmente ocupa el cargo de Fiscal Regional en el Distrito del Puerto de Veracruz, cómo las personas allegadas al caso de la barranca La Aurora y que presuntamente fueron quienes instruyeron alterar la escena del crimen y simular el hallazgo del policía estatal en Alto Lucero.

De acuerdo con un testimonio de identidad reservada que aportó un disco compacto como prueba irrefutable de que fueron hallados 19 cadáveres en la barranca de La Aurora, de la cual, únicamente -según la evidencia- lograron identificar 14 víctimas, entre ellos, el del policía estatal David Lara Cruz.

Según las pruebas y testimonios aportados por la Fiscalía, la instrucción fue “encerrarlos en una bodeguita”, sin embargo, fueron entregados al grupo élite Los Fieles, un equipo con entrenamiento paramilitar que acudió a la dirección de Servicios Periciales a llevarse los cuerpos de 12 víctimas halladas en la barranca La Aurora y que fueron puestos en bolsas negras para ser llevados a bordo de una camioneta Ford color negro y hasta el momento se desconoce el paradero.

Durante la exposición de la Fiscalía, afirmaron que de acuerdo con la geolocalización del teléfono celular del policía asesinado David Lara Cruz, se logró ubicar a la persona que lo tenía, quien expresó que fue un “obsequio” de su marido, que a su vez, le fue regalado por el presunto jefe de escoltas de Arturo Bermúdez Zurita.

El testigo “número 37” otorgó a la Fiscalía General de Veracruz una videograbación donde hace constar que en la barranca fueron localizados 19 cadáveres y no seis como en un principio las autoridades dieron a conocer a la sociedad veracruzana.

En ese entonces, la Fiscalía General de Veracruz en la administración de Luis Ángel Bravo Contreras, reveló que el día del hallazgo -el 19 de enero de 2016- fueron localizados seis cuerpos, de los cuales, cuatro fueron identificados por sus deudos y dos permanecen en la fosa común.

Aún teniendo la evidencia en contra, Carlota y Gilberto negaron haber estado en la escena del crimen, sin embargo, de acuerdo con el artículo 318 Quinquies del vigente Código Penal del Estado de Veracruz señala: “Se sancionará a quien sea autor, participe o incurra en alguna de las conductas relacionadas con este delito conforme a lo siguiente…
a) Ayude a eludir la acción de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de personas o su equiparado, con pena de cinco a diez años de prisión y multas de doscientos a mil salarios mínimos”.

La Jueza Mónica Segovia Jácome al escuchar los argumento de ambas partes, decidió vincular a proceso a Carlota y Gilberto, además de las medidas cautelares ya impuestas: un año de prisión preventiva oficiosa y seis meses de investigación complementaria, por lo que los exfuncionarios de la Fiscalía General de Veracruz regresaron a las estancias del reclusorio de Pacho Viejo.

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