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Después de 18 meses, defensores del bosque de Coatepec siguen exigiendo desalojo de invasores

Foto: Gina Collins

Defensores del bosque en la Sierra Alta de Coatepec denunciaron que han esperado 18 meses para que los invasores de dicha zona sean desalojados. 

Itzel Jurado Ortiz, abogada de los legítimos propietarios de los terrenos de dicha zona, asegura que los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIAOC) que invadieron algunos predios desde 2017 parecieran estar siendo protegidos por autoridades municipales, estatales y federales.

Señaló que los invasores se apropiaron de una parte del predio Jinicuil Manso, de manera violenta, por lo que fueron presentadas las denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE), mismas que no han procedido.

Recordó que se abrieron carpetas de investigación por cuatro denuncias que presentaron los legítimos propietarios.

“Fueron interpuestas en julio de 2019 y hasta la fecha siguen en integración, yo solo me permití traer la mitad de las diligencias que se han desahogado por parte de la fiscalía; sin embargo, hasta la fecha la fiscalía no ha emitido su determinación correspondiente”.

Añadió que la CIOAC presentó una constancia falsificada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para iniciar un trámite de deslinde y quedarse con las tierras.

Dijo que la Sedatu les negó el acceso al expediente de deslinde por lo que interpusieron el primer amparo con número 286/2020.

“El segundo amparo que interpusimos fue el 373/2020 radicado en el juzgado primero de distrito precisamente el acto de autoridad que se reclamó fue haber emitido un inconstitucional e inconvencional determinación de deslindar por parte de la Sedatu”, explicó la abogada.

Esto permitió que el juzgado de distrito concediera una suspensión definitiva para que la Sedatu no lesionara el medio ambiente con el deslinde de la Sierra Alta. 

Cabe recordar que también existe una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos en los que pudieron haber incurrido servidores públicos de la Sedatu en el proceso de deslinde.

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