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Expediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

Pelea en el IPE

En el sexenio de Miguel Alemán Velasco, el Congreso local aprobó un subsidio extraordinario al IPE, Instituto de Pensiones del Estado, además del subsidio ordinario, correspondiente, de igual manera, a la aportación patronal.
Sin embargo, transcurrieron los dos, tres años siguientes, y nunca el subsidio extra fue otorgado al IPE.
En el gobierno de Fidel Herrera el trato fue diferente. El fidelato, por ejemplo, aportó el subsidio ordinario, sin tampoco, nunca, jamás, entregar el subsidio extra.
En contraparte, la barredora fue aplicada al presupuesto oficial, de tal manera que a cambio de los fondos retenidos, el gobierno de Veracruz pagó al IPE el dinero correspondiente con terrenos, lotes y lotecitos, incluso, en zonas rurales e indígenas.
Un día, el IPE se miró como administrador de bienes raíces y/o en todo, una agencia inmobiliaria, pues hacia el final del sexenio tenían acumulados unos 750 lotes.
Y en términos rancheros, digamos, el subsidio extraordinario, que solo había sido de papel pues en el papel de la Gaceta Oficial había quedado con el decreto del Congreso, estaba disparado.
En los cuatro años a punto de concluirse del sexenio duartista, el subsidio extra tampoco ha sido cubierto, aun cuando con el pago oportuno del subsidio ordinario el instituto ha sobrevivido y ha evitado, incluso, el colapso.
Ahora, los llamados COPIPE, Comisión de Pensiones del Instituto de Pensiones, que solo aglutina a unos 300, 400 de los 26 mil pensionados, asegura que el gobierno del estado adeuda unos 5 mil millones de pesos, mientras otros dicen que es de 4 mil y hay quienes afirman que de 3 mil millones.
Pero, además, que con la reforma al IPE, la deuda de papel fue desaparecida como por arte de magia, cuando, bueno, y no obstante que el alemanismo lo creó, nunca lo enteró.
Y eso que, más aún, desde el alemanismo a la fecha, cada año los diputados locales lo han convalidado, sin que ninguno, por cierto, desde entonces, haya checado, dado seguimiento, primero, a su cumplimiento, y segundo, a buscar las razones por las cuales era aprobado y nunca aterrizado.
Ahora, de ahí se han agarrado los COPIPE para armar un escándalo con la transparencia y la rendición de cuentas y que ha llegado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma a la dependencia aprobada en la LXIII Legislatura.
Pero además, y basados en los tiempos jurídicos para tales efectos, si los COPIPE ganaran los amparos, que al parecer suman miles, entonces, el gobierno de Veracruz, mejor dicho, el IPE se amparará.
Y viceversa, si el IPE ganara la batalla, entonces los COPIPE se ampararán.
Y, por tanto, el asuntito se irá difiriendo hasta el año entrante, quizá, acaso, allá por los meses de abril, mayo, cuando existan candidatos a diputados federales en plena campaña, con el riesgo de que el tema se convierta en bandera de lucha partidista.

UN ESPACIO EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL IPE PARA COPIPE
Según los conocedores, los COPIPE han enarbolado tal causa, porque desean un espacio en el Consejo de Administración del IPE, en igualdad de circunstancias que tantos otros sindicatos, al parecer, unos 15.
Han de pensar que los líderes usufructúan grandes privilegios.
Creerán que así lograrán la transparencia añorada que ningún dirigente ha auspiciado.
Querrán acaso formar parte, digamos, de una casta divina de trabajadores y/o de líderes.
El caso que cuando por equis razones, la Secretaría de Finanzas y Planeación se tarda unas horas en depositar el pago correspondiente a la mensualidad de los pensionados, de inmediato se van a la calle en Xalapa, protestan, marchan, se manifiestan, y tocan los tambores de guerra.
Además, a río revuelto, también otros actores políticos aprovecharían el momento para lanzar su zarpazo, como por ejemplo, Érick Lagos, el secretario General de Gobierno obsesionado con imponer a uno de los suyos en la dirección del IPE, argumentando que el titular, Armando Adriano Fabre, resulta incapaz de lograr acuerdos con los pensionados.
Sólo que la raíz del conflicto está en otro lado: uno, en que 208 de los 212 presidentes municipales se atrasan en el pago de sus aportaciones patronales al IPE, y dos, que la Secretaría de Finanzas y Planeación sigue en el cuarto año de austeridad.

ACLARAR PARADAS
En el caso del subsidio extraordinario el poder Legislativo estaría obligado a revisar el asunto para de una vez precisar los hechos, pues el asunto echa chispas y confunde.
El Consejo de Administración del IPE, integrado con los dirigentes sindicales, también tendría su parte responsable, porque el asunto se ha politizado.
Es más, la Secretaría de Finanzas y Planeación habría de ocuparse de exhibir el tema en la pasarela gubernamental, porque de lo contrario, significa una víbora chillando.
Por lo pronto, el asunto se revuelca con los amparos y el recurso de anticonstitucionalidad.

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