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La desestabilidad del país se debe a la crisis de derechos humanos y no a la protesta social: AI

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Los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, no responden a hechos aislados, sino a un contexto de violaciones  graves a los derechos humanos. No obstante, en recientes declaraciones, el Presidente califica las protestas sociales y las voces críticas a su gobierno como intentos de “desestabilizar al país y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno”. Tras los hechos de violencia ocurridos recientemente, ha incluso justificado en el discurso el uso de la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden.

La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante.

Además, su declaración parece ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22 mil y que la practica de tortura se ha elevado en un 600%. A esto se suman el cúmulo de medidas que no han sido efectivas para la búsqueda de personas, así como las medidas de implementación de las bases de datos estandarizadas.

“Enrique Peña Nieto muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática.” afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales, es momento de que el Presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país.”

Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma en el país. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación integral son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general.

Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas enfrentan en la vida diaria, que evidentemente no reflejan un proyecto de nación comprometido con la protección y garantía de los derechos humanos.

“Esta actitud hace caso omiso del dolor de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La violencia institucional a la que se enfrentan las familias de personas desaparecidas y de las víctimas de tortura en el sistema de justicia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces mientras la impunidad impera.”

El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con Enrique Peña Nieto durante el mes de febrero para expresarle las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos. Durante esta reunión, se entregó un memorándum acerca de los retos de derechos humanos en México, mismos que se comprometió a atender y anunciar públicamente las medidas que tomaría para hacer frente a esta grave situación; este compromiso no ha sido atendido, muestra de ello es la negativa a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas a México en el marco del Examen Periódico Universal, particularmente las relacionadas con la aceptación de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y aquella relativa a abolir la práctica del arraigo.

Ante esta situación, AI exige a Peña Nieto reconocer la problemática de derechos humanos que atraviesa el país, que los hechos ocurridos en Ayotzinapa no son aislados y que constituyen un crimen de Estado.

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