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Xalapa

La ex alcaldesa impune

LUIS VELÁZQUEZ

•Ante el silencio del ORFIS y la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el Ayuntamiento de Alvarado interpuso hace 5 meses y medio una denuncia penal por daño patrimonial en contra de Sara Luz Herrera por un monto de 38 millones de pesos
•Bitácora de los delitos cometidos uno por uno
•Demasiada indolencia y negligencia de la procuraduría de Justicia
•Quizá los padrinitos de la ex presidenta municipal son de peso, entre ellos, Fidel Herrera, Salvador Manzur, Elena Zamorano, Juan René Chiunti y Tonatiuh Pola

El 4 de junio de 2014, el director jurídico del Ayuntamiento de Alvarado, Óscar Cházaro Carvajal, interpuso una denuncia penal por daño patrimonial en contra de la exalcaldesa Sara Luz Herrera Cano, el síndico Julián Camacho Gil y la tesorera, la Barbie Raquel González García, por 38 millones 317 mil 67 pesos.
A partir de entonces pasaron los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y ahora noviembre, y la Procuraduría de Justicia ha estado ocupada en lanzar de Veracruz a los carteles y cartelitos y, ni modo, la denuncia en el archivo muerto.
Y más porque mientras el jefe jurídico de la Comuna descubrió los trastupijes, el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) y la Comisión de Vigilancia del Congreso, los pobrecitos están tan limitados que les resulta una proeza descubrir una aguja en el pajar.
Pero, bueno, si el lector deseara conocer paso a paso, punto por punto, el daño patrimonial del trío de ex funcionarios municipales de Alvarado, he aquí la bitácora de sus delitos cometidos porque creyeron que con ganar en las urnas tenían un cheque en blanco para “meter la mano al cajón” y saquear las arcas.
Por ejemplo, de acuerdo con la denuncia número 181/2014/I, el listado es el siguiente:
Uno. Cancelación de saldos de cuentas por cobrar sin autorización del Cabildo: 5 millones 945 mil 311 pesos.
Dos. Uso de depósitos bancarios no identificados utilizados para cancelar cuentas por cobrar: 2 millones 168 mil 793 pesos.
Tres. Emisión de cheques sin comprobantes cargadas a la alcaldesa: 2 millones 91 mil 450 pesos.
Cuatro. Importe del 30% no pagado de zona federal a SEFIPLAN de 2012 a 2013: 373 mil 977 pesos.
Cinco. 2.3 nóminas al Estado no pagado: un millón 250 mil 409 pesos.
Seis. Retenciones ISR por sueldos y prestaciones de servicio no enteradas al SAT: 5 millones 274 mil 620 meses.
Siete. Retenciones de 5 al millar no pagados al ORFIS: 263 mil 942 pesos.
Ocho. Retenciones a empleados no pagadas a terceros según convenio de descuento (FONACOT, FAMSA, Foempeade, Tfacilita, etc): 2 millones 460 mil 972 pesos.
Nueve. Acciones por pagar del programa Hábit, toda vez que provisionan al gasto las facturas y no las pagan ni dejan el recurso en bancos para pagarlo: un millón 114 mil 35 pesos.
Diez. Recursos del FISM que no aplicaron en obras sino para préstamos entre fondos que no reintegraron y anticipos no amortizados: 4 millones 616 mil 34 pesos.
Once. Adeudos al IMSS: 750 mil pesos.
Doce. Adeudos por servicio de energía eléctrica: un millón 997 mil 919 pesos.
Trece. Retenciones de descuentos salarios, no enterados a los acreditantes: 2 millones 460 mil 972 pesos.
PENDIENTES DE RASTREAR PISTAS
El director jurídico del Ayuntamiento también enumera otras pistas que habrán de rastrearse y que documentó a la procuraduría en su denuncia por daño patrimonial:
Catorce. Ejercer presupuestos y llevar a cabo la contratación de obras públicas que fueron pagadas y no se realizaron en varias latitudes del municipio de Alvarado, de las que no existe avance de obra constatable y se otorgaron recursos en demasía por concepto de anticipo del 50%, además de facturas apócrifas: 114 millones 890 mil pesos.
Quince. Operación de dación en pago en favor del Ayuntamiento, otorgado por la persona moral denominado Inmobiliaria Marcela, SA de CV, por entero del impuesto de traslación de dominio: 8 millones 7 mil 690 pesos.
Más recargo por extemporaneidad: 2 millones 1922 pesos con 50 centavos.
Los anteriores recursos nunca fueron registrados a favor del ayuntamiento, sino que siguen bajo el dominio legal del corporativo Moreno Muñoz, que es propietario de Inmobiliaria Marcela.
Dieciséis. Según la denuncia penal 287/2014/VII, el daño patrimonial causado al municipio de Alvarado por la gestión de los recursos federales fuera de los diez rubros de la ley de Coordinación Fiscal por un monto de 7 millones 853 mil 15 pesos, corresponde a la observación número 5 del resultado de la auditoría número 1247, que incluye:
Gastos indirectos: 642 mil 370 pesos.
Prevención Presupuestal: 847 mil 426 pesos.
Deuda pública (amortización crédito FAIS): 6 millones 363 mil 219 pesos.
En el daño patrimonial también incluyen para su investigación las 16 obras que no beneficiaron a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, por un monto de 10 millones 992 mil 166 pesos con 50 centavos.
En el documento, el director jurídico del alcalde Tavo Ruiz detalla cada una de las obras correspondientes.

LOS PADRINOS DE SARA LUZ
Y, bueno, a pesar de que la denuncia penal en la Procuraduría de Justicia data desde hace cinco meses y medio, la única respuesta de Luis Ángel Bravo Contreras, llamado “el impecable e impacable”, ha sido el silencio.
El silencio que también es un lenguaje, incluso, más indicativo y significativo que el lenguaje hablado.
Quizá, claro, se deberá a que la ex presidenta municipal, Sara Luz Herrera Cano, presa en el reclusorio de alta seguridad de Amatlán, por sus amistades peligrosas con los malandros y el asesinato de su secretario particular, goza de padrinitos políticos de primer nivel, entre ellos, los siguientes:
Fidel Herrera Beltrán, el góber fogoso.
Salvador Manzur Díaz, en aquel tiempo de sus fechorías, subsecretario de Finanzas y Planeación y presidente municipal de Boca del Río, y ahora delegado federal de BANOBRAS.
Elena Zamorano, exdiputada local por el distrito de Cosamaloapan y su cuatísima, promotora del voto del senador Pepe Yunes.
Juan René Chiunti, diputado local, y en aquel entonces uno de los constructores favoritos.
Tonapriuh Pola Estrada, diputado local que cabildeara a su favor en los tiempos previos a su captura, cuando aún despachaba como alcaldesa y decía que “si caigo a la cárcel… me llevo a varios por delante”.
Pero a nadie arrastró consigo.
Incluso, aún está pendiente que el ORFIS y la Comisión de Vigilancia del Congreso y la Procuraduría de Justicia procedan por el daño patrimonial en la oficina de Hacienda del Estado con sede en San Andrés Tuxtla, donde Sara Luz fuera titular, y emplacara más de 500 automóviles, la mayoría propiedad de los carteles, con un monto de diez millones de pesos.
Así gobernó, tal cual, una alcaldesa priista en Veracruz durante el fidelato…

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