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Nueve años y sin pistas de los 14 jóvenes “levantados” en Xalapa

Más de 3, 200 días han pasado y ningún gobierno federal o estatal ha logrado dar con el paradero de 14 jóvenes “levantados” los dos últimos días de noviembre del 2011. 13 jovencitas -varias de ellas edecanes- y un joven fueron contratados para una fiesta y/o evento. Un agujero negro se hizo en la capital del estado y ninguna fiscalía ni autoridad policiaca ha logrado resolver el enigma. En la desaparición hubo involucramiento de autoridades locales y policiacas. Nadie está en prisión.  

Los últimos dos días de noviembre del 2011, primer año del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, en Xalapa, la capital del estado, se convirtió en un completo “agujero negro”, pues en un fin de semana: 13 jovencitas y un adolescente fueron “desaparecidos” por integrantes de la delincuencia organizada “Los Zetas”.

Karla Nallely Saldaña Hernandez, Yunery Citlally Hernandez Delgadillo, Luz Abril Landa Avila, Teresita del Rocio Vázquez, Nancy Hernandez Moreno, Adriana Sarahi Ceballos Vazquez, María de Jesús Landa Martinez, Mayra Salas Duran, Berenice Guevara Gomez, Roxana Retureta, Luisa Itzel Quintana, Lizbeth Yesil Amores Roldan, Ana Laura Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez salieron de fiesta unos, a evento otros, actividades varias, pero jamás volvieron a sus casas. 

En 108 meses, ni el el gobierno federal de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto, ni en lo que va de Andrés Manuel López Obrador; ni en los gobiernos del priista Javier Duarte, el de Miguel Ángel Yunes o lo que va de Cuitláhuac García, la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía General del Estado han podido dar con el paradero de las 13 jovencitas –varias de ellas edecanes-, ni del joven Alberto Estrada. 

La única pista que se tiene es la que siguen los padres de los desaparecidos. El 30 de noviembre de 2011 Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada e Itzel Quintanilla abordaron un Peugeot modelo 2005 número de serie VF39DXFX35S501362. Ese vehículo sería hallado seis meses después en manos del expolicía intermunicipal, Isaac Moreno, quien estuvo recluido en el penal de Pacho Viejo (causa penal 494/2011). Moreno, terminó por confesar que un excompañero policiaco, llamado Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Las autoridades enviaron a Rojano una “orden de presentación”, pero es su novia quien se encuentra en prisión acusada de robo de vehículo.  A los expolicías nunca se les fincó responsabilidad por desaparición de personas. 

“Seguimos exigiendo, mis hijos ya cumplieron nueve años desaparecidos. Llevamos una cruz cargando y no es fácil. Ojalá esta Fiscalía, haga lo que tenga que hacer y no haga lo de las anteriores que es solo dar carpetazo… Ojalá entiendan que la vida se nos va”, expone Carlos Saldaña en entrevista telefónica. 

Saldaña es padre de Karla Nayelly Saldaña y de Jesús Alberto Estrada interpuso denuncia en una agencia ministerial xalapeña que quedó registrada en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12. Desde entonces, él mismo ha encabezado las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos y las otras 12 jovencitas, de quienes, no le cabe duda, fueron “levantadas” por integrantes de la delincuencia organizada, pero en complicidad con autoridades policíacas y funcionarios del gobierno, en aquel entonces al mando del priista Javier Duarte. Amaranta Cuevas –novia de Filiberto Rojano– continúa en prisión acusada del robo de vehículo de Karla Nayelly Saldaña, pero nunca fue interrogada sobre el paradero de los hijos de Saldaña Grajales. 

Indagatoria ministerial que no ha querido hacer ni el gobierno de Duarte ni el de Yunes Linares, tampoco en el de Cuitláhuac García. En nueve años, Saldaña Grajales repasa su viacrucis en la unidad antisecuestros y en la agencia del Ministerio Público donde está arraigado el expediente. Los responsables lo reciben, siempre, con la pregunta: “¿Qué ha investigado usted?”. “El expediente no está completo, pese a que lo he solicitado, no están las ‘sábanas’ de las llamadas de las tres personas implicadas –Moreno, Rojano y Cuevas–; sólo llamaron a declarar a dos o tres personas por la desaparición de mis hijos desde marzo de 2012. La averiguación previa, las diligencias e investigaciones quedaron paradas. No sé qué paso”, comenta Saldaña. Durante las investigaciones que ha hecho por su cuenta, Saldaña supo que la noche del 30 de noviembre de 2011 desaparecieron otras 12 jóvenes en Xalapa. 

La información se la confirmó el comandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), Alejandro Ortega Cueto. “Las autoridades no están haciendo sus funciones como corresponde. Yo ya perdí el miedo. Creo que ellos sólo actuarán cuando desaparezca un ser querido; quizá sólo así pierdan el temor y combatan a los verdaderos delincuentes”. Narco y policía, coludidos En aquel entonces, Los Zetas tenían el control de las actividades ilícitas de Veracruz, cerraban discotecas para sus fiestas, restaurantes de lujo en fraccionamientos residenciales para sus reuniones, y eran frecuentes sus encuentros con la policía. 

En el ámbito policiaco, los oficiales rasos solían comentar con reporteros de la nota roja las claves de “El Chilango”, “El Popoye”, “El Amarillo”, “El comandante Conejo”, para referirse a los mandos paralelos a la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-San Andrés Tlalnehuayocan. 

En esa misma desaparición masiva se encuentra el caso de Yuneri Citlally Delgadillo, cuya madre, Victoria Delgadillo Romero, integrante del “Colectivo Familias Enlaces Xalapa” ha vivido una verdadera pesadilla en la búsqueda de su hija. Iba al Ministerio Público y le decían que no “tenían nada” y le cuestionaban: “¿Qué ha investigado usted?” Le decían que ella tenía que “anexar” y “aportar a la investigación”, pero cuando dio las contraseñas de Facebook de su hija, los Policías Ministeriales “a propósito” –apunta—le borraron contactos y conversaciones, mismas que en su momento hubieran sido vitales para poder dar con el paradero de Citlally. 

La única pista registrada en redes sociales, era una invitación de una maestra de nombre Nancy Moreno a “trabajar como edecán” a una fiesta en Actopan, donde acudiría “gente importante” de la política. La investigación federal y policías ministeriales que llevaron el caso apuntan que también se pudieron dar cita algunos capos del narcotráfico como Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky, Mauricio Guízar Cárdenas, El Amarillo, y Marco Jesús Hernández Rodríguez, El Chilango, todos ellos jefes de plaza de Los Zetas. Victoria Delgadillo anota: “Me pusieron a llevar oficios a Tránsito del Estado, a la Cruz Roja, a la Policía Federal, me daban un bonche de papeles y me decían: ‘viene usted por todos los oficios para que los lleve a diferentes dependencias, y una vez que se lo sellen, me tienen que tener todos los acuses de recibo’”. 

Aunque hoy la fotografía de Yunery Citlalli Hernández, con sus ojos café claros y un lunar café dentro de sus pupilas ya aparece en revistas y periódicos de circulación nacional, en espectaculares y en folletos donde la PGR ofrece 250 mil pesos de “recompensa” a quien ayude a dar con su paradero, el primer año de búsqueda fue de remar contra corriente, por la negligencia y la pasividad gubernamental. “La licenciada Julieta Suárez, de la Procuraduría me pidió una foto de mi hija, que la iba a subir a la plataforma de la PGR y al pizarrón (sic). Un mes después, ni la subieron a la Procuraduría, ni al pizarrón, discutí con ella y le grité que no tenían nada”. Así pasaron los meses. 

Victoria Delgadillo, afirma que ha puesto todo su esfuerzo para dar con el paradero de su hija, pero también de las otras 12 jovencitas y el adolescente desaparecido. “Yo nunca me imaginé tener que ir a Palo Verde (cementerio), tener que ver y esperar lo que están sacando, ver tanta gente como yo esperando lo mismo. “Nunca pensé llegar a la Ciudad de México, estar en SEIDO, PGR, en la Policía Científica, que te expliquen y hablen de restos óseos, de cómo van a realizar los estudios, nunca me imaginé empezar a conocer todo eso”. 

Tras dos años de indiferencia con el tema de los desaparecidos, apenas la semana pasada, la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns se comprometió a que habrá más contratación de policías ministeriales dedicados a la búsqueda de desaparecidos, más recursos para la construcción de panteones ministeriales y un firme compromiso de no darle carpetazo a los cientos de diligencias que se encuentran estancadas en la Fiscalía General del Estado. La paciencia de los Colectivos de Desaparecidos comienza a agotarse. 

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