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Xalapa

Por mala integración de expedientes en 2015, CNDH da recomendación a FGE y FGR

Por la inadecuada integración de las averiguaciones previas de tres abogados desaparecidas hace más de cinco años , mismos que eran abogados defensores de Josele Mireles Balderas alias “El Chichi”, líder de Los Zetas en la entidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a la Fiscal General de la República y a la Fiscalía General de Veracruz. 

Se trata de la recomendación 80/2020 emitida a finales del año pasado. 

A pesar que los hechos se registraron en 2015, corresponde a las administraciones de Gertz Manero y Hernández Giadáns acatar la recomendación de la CNDH. 

“El Chichi” fue dado por muerto en agosto del 2015, durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa; esto luego de un enfrentamiento con las fuerzas federales, donde perdió la vida Juan Heriberto Santos Carrera, ex corresponsal de Televisa. 

Durante la gestión de Javier Duarte se registró el mayor número de desapariciones forzadas y ejecuciones en la entidad.  

Sin embargo, Balderas fue detenido por efectivos de la Gendarmería Nacional en febrero del 2016 junto a siete de sus escoltas y sicarios de Los Zetas en la carretera Paso del Toro-La Tinaja. 

La víctimas son Anahí Arce Aguilar -familiar del ex alcalde de Río Blanco, Raúl Vera Aguila-, Giovani Sol Guevara y un tercero de quien no se reveló su identidad, quienes acudieron a las oficinas de la Coordinación Estatal de la Policía Federal ubicadas en Xalapa.

Ambos acudieron a entrevistarse con “El Chichi”, de quien llevarían su defensa legal, sin embargo, desde que salieron de las instalaciones se desconoce su paradero, aunque trascendió que fueron presuntamente detenidos por agentes policiacos. 

La CNDH consideró que existió dilación en las diligencias, falta de investigación inmediata, falta de coordinación entre ambas fiscalías, ya que no se investigó el hecho de que las desapariciones pudieron ser forzadas dado que las últimas personas que tuvieron contacto con las tres personas fueron servidores públicos. 

Además, la CNDH observó que están involucrados ocho servidores públicos que violaron el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como a la verdad, en agravio de los tres abogados y sus familiares, debido a que incurrieron en ilegalidades en la investigación.

Se precisó que se solicitó al Delegado de los Servicios Periciales de la Fiscalía Regional, Zona Centro Veracruz, tomar muestras biológicas a los padres de las víctimas, con la finalidad de cotejar las pruebas de ADN con la base de datos de la fiscalía. 

Con ello se buscaba un match con los cadáveres, restos humanos u osamentas que permanecieran en los Servicios Médicos Forenses de la entidad que permanecen en calidad de “no identificados”, situación que no ocurrió. 

La indagatoria señala que la desaparición de los abogados se pudo originar en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y efectivos policiacos el 1 de febrero de 2016; además, desapareció la madre y padre de “El Chichi”. 

“Llama la atención de esta Comisión Nacional la falta de coordinación entre las Fiscalías, al remitir el expediente en diversas ocasiones entre dichas instituciones, argumentando la competencia, periodos en los cuales se dejó de actuar en la investigación para dar con el paradero de las víctimas, sin enfocarse en determinar con claridad a quien le correspondía conocer de los hechos (sic)”, destacó la CNDH.

La recomendación señala que el testimonio de El Chichi fue integrado hasta el 19 de octubre de 2020, es decir, cuatro años y ocho meses de su detención y desaparición de sus abogados. 

En el transcurso de las indagatorias se perdieron pruebas, además que no fueron emitidas alertas carreteras o financieras y no se solicitaron todos los datos señalados de los servidores públicas involucradas. 

Así la Fiscalía General del Estado de Veracruz deberá  acatar esta recomendación por hechos ocurridos cuando aún se encontraba a cargo el hoy prófugo de la justicia, el ex fiscal Jorge N. 

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