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Posdata: Fiscalía General, campeona en atropellos

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  • En Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos expidió el mayor número de recomendaciones al Fiscal por tanto atropello a la vida misma
  • El agente pretoriano que gobernará nueve años Veracruz

 

LUIS_VELAZQUEZEn Veracruz habrá Fiscal General y durante nueve largos, extensos, extensísimos años. En el Jalisco de Aristóteles Sandoval, uno de los gobernadores más queridos del presidente Enrique Peña Nieto, el Fiscal General ya está operando.

Y de la siguiente manera:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha declarado que la Fiscalía General de Jalisco obtuvo, récord Guiness, el más alto número de recomendaciones.

Tales observaciones por un solo hecho: los atropellos y abusos y ultrajes y violaciones a los derechos humanos.

Y en la lista de los culpables, los agentes investigadores y policías estatales, en ningún momento los policías municipales, como afirma el presidente de la república, a los que tiene marcados con el índice del fuego imperial y faraónico.

En la nota del corresponsal Juan Carlos Partida (La jornada, 19 de diciembre), también cita, oh paradoja, la tortura, que constituye, por cierto, una de las recomendaciones de la CIA, la Agencia Central de Investigación más poderosa del mundo, para arrancar confesiones.

Incluso, Derechos Humanos de Jalisco refiere que del año anterior a la fecha, con la Fiscalía General aumentó la tortura como la reina de las interrogaciones científicas.

Es más, el titular de la CEDH, Felipe Álvarez Cibrián, observó que mientras la propaganda oficial hablaba de policías de élite, profesionales, mejor pagados, respetuosos de los derechos humanos (igual, igualito que en Veracruz con la llamada Fuerza Civil, por ejemplo), los atropellos de los agentes predominan y se multiplican, sin que ninguna autoridad, ya con el Fiscal General, sea capaz de evitar el caos, el abuso y el atropello, como si estuviéramos, digamos, en tiempo de guerra, una revolución, una insurgencia popular, unos guerrilleros en pie de lucha que expusieran la seguridad del Estado de Derecho.

Peor tantito, a partir de la Fiscalía General, el gobierno de Jalisco se ha visto obligado a pagar casi 25 millones de pesos en indemnizaciones a los afectados, de acuerdo con la Ley de Victimas, pues Jalisco ocupa el primer lugar nacional en reparación de daños, todo, porque los agentes responsables de garantizar la vida humana se han excedido en nombre de la ley y de la justicia.

Ajá.

En fin, que la astróloga de los Llanos de Sotavento nos libre del mundo policiaco y ministerial que vivimos y del sórdido mundo que hoy se padece en Jalisco y que, bueno, pudiera, digamos, multiplicarse en la tierra jarocha… a partir de la permanencia del Fiscal por nueve años.

Y es que, lo dijo aquel, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta.

Y más, como en el caso, cuando Luis Ángel Bravo Contreras mude de procurador de Justicia a Fiscal, con su egolatría, pedantería, soberbia y enamoramiento de sí mismo para ejercer el poder y gobernar con tales atributos, propios de la naturaleza humana indecisa que necesita tal para mostrar firmeza.

 

LA IMPUNIDAD CAMPEA EN VERACRUZ

Todavía peor si se considera lo siguiente:

De acuerdo con Standard and Poor’s, la corrupción y la inseguridad desafían la capacidad presidencial de Peña Nieto y evidencian su liderazgo.

Y aun cuando, se afirma, el presidente se mostrara a gusto aquí en Veracruz durante los 3 días de la Cumbre Iberoamericana porque somos un estado tranquilo, tranquilo, tal ocurrió, claro, con la Gendarmería y la Fuerza Civil y una ciudad sitiada por las fuerzas armadas.

En el otro lado del ring está la realidad avasallante. Los carteles han regresado. Fuego cruzado. Muertos. Secuestros. Desaparecidos. Fosas clandestinas. Cadáveres flotando en los ríos Blanco y Coatzacoalcos. Pozos artesianos habilitados como cementerio de los carteles y cartelitos.

Y, bueno, en nombre de tales hechos, los atropellos a los derechos humanos se vuelven una constante.

México está vulnerable. Veracruz, también.

Un solo dato: en dos años del peñismo van 41 mil muertos. Y la tierra jarocha, según el zar antisecuestros, ocupa el segundo lugar nacional en plagios y fosas clandestinas.

Y tales méritos han sido alcanzados ahora cuando Bravo Contreras se desempeña como el tercer procurador, camino inminente a la Fiscalía.

Se entiende: es amigo del gobernador. Y la Fiscalía General tiene su nombre.

Pero por encima del procu está el destino social de los 8 millones de habitantes de Veracruz, que de igual modo que el secretario de Seguridad Pública han fallado en garantizar el Estado de Derecho, cuya esencia básica consiste en blindar la seguridad en la vida y en los bienes. Más, mucho más, en la vida, porque los bienes van y regresan, si retornan.

Claro, cada entidad federativa y cada generación política tienen su librito, como los profes.

Y el hecho de que la Fiscalía de Jalisco alcance el número uno en el ultraje de los derechos humanos, en ningún momento significa que también el resto del país.

Pero… en Coatzacoalcos, por ejemplo, fue asesinado un pastor evangélico, detenidos 4 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y liberados cuando la Suprema Corte de Justicia de la nación decretó que habían sido torturados.

En Amatlán de los Reyes fue asesinado un activista social del medio del ambiente, detenidos cuatro amigos suyos a quienes acusaron de ejecutarlo, y fueron liberados cuando comprobaron la tortura como instrumento para confesarse culpables.

Los policías involucrados en el secuestro y asesinato del hermano de Toñita, la cantante estrella de TV Azteca, ocurrido en el norte de Veracruz, han sido liberados, como lo denunciara ella misma.

Los policías involucrados en el secuestro, desaparición y asesinato de Gibrán, el otro cantante de TV Azteca, también fueron exonerados con un pago de 5 mil pesos que porque se trataba de delitos menores.

Nunca se conoció el resultado de los siete policías detenidos en Tuxpan acusados del crimen de un marino, Alberto Silva presidente municipal.

Tampoco de los siete policías detenidos en Poza Rica señalados de ligas con los carteles, Juan Alfredo Gándara Andrade alcalde.

Menos de los nueve policías detenidos en Peñuela por el secuestro de un profe, y cuyos familiares, con maestros solidarios, sitiaron al presidente municipal de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla.

Y menos, mucho menos, de los 17 policías levantados por marinos en Cosamaloapan, Homero Arróniz alcalde, por sus malas amistades.

Ni de los policías detenidos en Tierra Blanca (Tito Delfín alcalde) y Tres Valles por sus alianzas con los malandros.

Y aun cuando, en efecto, todos ellos pertenecían, digamos, a Seguridad Pública, corresponde a la Procuraduría de Justicia emitir el dictamen de culpabilidad y/o, en todo caso, inocencia, salvo, claro, que hayan enfrentado un juicio federal.

Pero, de igual modo, ninguna información.