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Xalapa

Relato de una detención ilegal; el negocio entre corporaciones de seguridad y grúas

El mecánico automotriz Miguel “N”, de identidad resguardada, fue víctima de una detención ilegal por parte de elementos de la Policía Municipal de Coatepec y de la Policía Naval de Infantería, quienes también violentaron su derecho de seguridad jurídica. 

En la relatoría de hechos, plasmada en una queja que fue presentada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el pasado 26 de febrero, la víctima expone que esto ocurrió después de haber atendido el llamado de uno de sus clientes, para revisar su vehículo que se había descompuesto sobre la carretera Coatepec-Las Trancas, a la altura de la localidad de Chavarrillo.

Miguel “N” es cristiano desde hace 13 años e inicia la charla con el reportero con una plegaria para que haya justicia en el caso de abuso policial que recientemente vivió, cuando menos lo esperaba. 

Eran aproximadamente las 00:50 horas de la madrugada del pasado jueves 25 de febrero, cuando sonó su teléfono celular. Su también amigo solicitaba sus servicios para llevar a cabo la reparación correspondiente. 

El dueño de un taller mecánico se trasladó al lugar mencionado para revisar el automóvil, llegando unos 40 minutos después de haber colgado al teléfono, pues el conductor había perdido el control cuando viajaba con dirección a la capital del estado. 

“Se dobló su amortiguador, desconozco con qué fue el golpe, ni él sabía (el conductor), dice que nada más perdió el control y salió hacia un lado de la carretera, venía hacia Xalapa y afortunadamente tuvo espacio para poderse estacionar. Revisó la unidad, me percato de que no se iba a poder hacer nada, porque el amortiguador estaba dañado, no había nada qué hacer, sugerí pedir la grúa”, narra.

El dueño del automóvil iba acompañado de otra persona, quien llevaba una botella de licor cuando viajaba como copiloto y había bebido algunas copas en una reunión. Cuando esperaban la respuesta de la asistencia vial para el traslado del coche en una grúa, el acompañante se retiró del lugar, dejando la botella sobre el toldo del auto siniestrado.

“Estaba hablando por teléfono, paró un taxi y dijo que iba por su vehículo. Se retira del lugar, mi amigo quita la botella del toldo para que no se rayara la pintura y estábamos platicando, tenía la botella en los brazos, estábamos esperando la grúa”, comenta Miguel “N”.

INJUSTA DETENCIÓN 

En ese momento, se presentaron ocho elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) a bordo de dos patrullas de la Policía Estatal, quienes procedieron a la revisión del vehículo siniestrado y de la unidad particular del mecánico. 

Quien conducía el auto averiado tomó la botella y la colocó en el piso, detrás de sus piernas; sin embargo, los oficiales federales acusaron a ambos de estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Los esposaron y los trasladaron a la comandancia de la Policía Municipal de Coatepec.

“Le dije al comandante de los marinos: señor, yo vengo a prestar un servicio, no estoy tomando, recibí la llamada y, mire, está entrando la llamada del seguro para confirmar que ya viene la grúa para acá. Le repliqué: señor, yo no estoy tomando. Me dice: allá lo va a determinar el médico, allá van a determinar tu estado. Me quedé callado y no me quedó más que acceder a ir con ellos”, relata el especialista en mecánica automotriz. 

Cerca de las 3:49 horas, al llegar a los separos, ubicados en el Palacio Municipal de Coatepec, les quitaron sus pertenecías, firmaron un inventario y los ingresaron a las celdas, pero nadie les hizo la prueba de alcoholimetría, donde claramente Miguel “N” habría resultado negativo a cualquier grado de alcohol.

“El copiloto (del auto siniestrado) llegó a la comandancia para intentar sacarnos y le dicen que se esperara porque todavía no concluía el proceso de recepción, él se pone insistente. Le hicieron la prueba del alcoholímetro y salió con 63 o 73, que tenía alcoholismo en primer grado”. 

Los elementos de la Marina pidieron a esa persona que se retirara del lugar y amagaron con arrestarla, en caso de no acatar la instrucción. Mientras tanto, Miguel “N” y su cliente estaban a la espera de que los policías municipales habilitaran una línea telefónica para que los pudieran llamar a sus familiares. 

“Nos quedamos esperando a que ellos supuestamente terminaran su papeleo para que nosotros pudiéramos hacer nuestra llamada. Nos dieron las siete de la mañana y nosotros seguíamos esperando. Le dijimos a la oficial que a qué hora podríamos hacer la llamada”. 

A ninguno de los detenidos les permitieron acceder a sus pertenencias para utilizar sus teléfonos celulares, recordar los números correspondientes y poder efectuar la llamada. 

“Me dijeron que tenía que esperar a la licenciada porque no podían sacar las pertenencias, bajo el argumento de que a veces se pierden. Solo recordé el número de mi tío, pero no entró la llamada”. 

DESACATO DE MEDIDAS SANITARIAS 

“Nunca me dijeron por qué me ingresaron, nunca me hicieron la prueba de alcoholímetro, ni la revisión médica”, insiste el entrevistado, quien además recuerda que en la comandancia de Coatepec no son aplicadas medidas sanitarias para evitar contagios de SARS-COV-2 (COVID-19). 

Lo anterior, a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz, a cargo de Roberto Ramos Alor, ubica al Pueblo Mágico en semáforo epidemiológico color naranja, de riesgo alto de contagio. 

El mismo alcalde de Coatepec, Luis Enrique Fernández Peredo, exhorta, en sus redes sociales, casi todos los días, a la población para que use el cubrebocas, respete la sana distancia y use gel antibacterial.

Sin embargo, en los separos, los encargados ni siquiera proporcionan un cubrebocas desechable a los internos y mucho menos mantienen limpias las celdas donde la gente duerme y hace sus necesidades fisiológicas.

“Estamos en contingencia sanitaria y ninguna medida de seguridad, estuvimos sin cubrebocas, no había ninguna medida sanitaria en el lugar”, refiere Miguel “N”. 

COBROS EXCESIVOS 

También se las “hicieron cansada” para pagar ellos mismos su multa y salir de los “antihigiénicos separos”. Alrededor de las 11:00 horas, les cobraron mil 600 pesos por su libertad, 800 pesos por persona. 

“Les dije que tenía dinero entre mis pertenencias. La encargada me dijo: no tienes dinero, respondí que traía 2 mil 700 pesos. Me replicó: no es cierto, luego llegan tomados, dicen que traían dinero y no traían nada. Fue a traer mi expediente y casualmente confirmó que sí estaba el dinero”.

Comúnmente, la multa por una falta administrativa es de 300 pesos; sin embargo, en este caso, los elementos municipales cobraron más del doble a cada persona.

“El argumento fue que estábamos tomando en vía pública, pero ni la prueba del alcoholímetro nos hicieron”, insiste el trabajador. 

Posteriormente, se trasladaron al corralón de las grúas “Platinum”, ubicado sobre la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de Los Arenales, para recuperar sus vehículos. 

Allí, les cobraban 4 mil 800 pesos por las maniobras y el arrastre de cada vehículo, cuando, en una lona, el tarifario mostraba que esos servicios tenían un costo de 680 pesos, más 80 pesos por una noche en el corralón.

“Pero tuve que pagar 5 mil 568 pesos para que me dieran una factura y poder comprobar el pago correspondiente. Esas grúas han cambiado de nombre y se dedican nada más a estar fregando a la gente, antes eran grúas Smart y antes tenían otro nombre”. 

Sin embargo, tardaron varios días en mandar la factura correspondiente sobre el pago mencionado, misma que sería utilizada para presentar una demanda y así recuperar ese dinero. 

Miguel “N” se enteró de por lo menos tres casos, donde el modus operandi de los elementos ha sido similar. 

“Es un negocio entre instituciones de Seguridad y esos prestadores de servicio de grúas, porque el sábado me enteré de que el hijo de otro conocido vivió un caso igual hace tres días (a inicios de la semana pasada). El hijo iba manejando, uno a su lado y el de atrás venía tomando, los pararon, los detuvieron, se llevaron a los tres y tuvieron que pagar a las grúas más de tres mil pesos, parece ser el mismo modus operandi”.

QUEJAS POR ABUSO POLICIAL 

De acuerdo con el informe 2020 de la CEDH, que preside Namiko Matzumoto Benitez, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es uno de los entes públicos con más quejas en su contra. 

De las 2 mil 526 quejas recibidas de enero al 30 de noviembre de 2020, el 18.7 por ciento fueron contra la corporación mencionada. 

Se trata de más de 472 quejas por un posible abuso policial. Además, el 19.4 por ciento de las quejas fueron presentadas contra las distintas áreas de los ayuntamientos.

Recientemente, se han recibido quejas por corrupción en la operación de los operadores de grúas y agentes de tránsito, quienes han exigido “moches” a los conductores para que sus vehículos no sean trasladados al corralón.

Cabe recordar que las anomalías por parte de las concesionarias de grúas tienen que ser denunciadas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), misma que podría clausurar a estos establecimientos, en caso de comprobarse su indebida operación.

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