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Veracruz, cuarto lugar nacional en maltrato al menor

POR FADIA MORENO

Al no existir instancias oficiales de protección y seguimiento a los casos de menores en situación de calle, sólo el Instituto Nacional de Estadística Geografía e información (Inegi) y la Secretaría del Trabajo, son las únicas dependencias que cuentan con reportes, tanto del número, como de la verdadera circunstancia en la que viven los menores sin hogar, dijo Arturo Narváez Aguilera director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle A.C. (Matraca).

Mencionó que el Inegi identifica a Veracruz como el cuarto lugar de los estados del país con el mayor número de niños y niñas trabajando, de 5 a 17 años, y también el cuarto lugar en casos de abuso de menores de 0 a 5 años. En tanto que cifras generales hablan que en 8 de cada 10 hogares hay violencia entre los integrantes del núcleo familiar, sin embargo, recalcó, son datos federales y no existe información concreta a nivel estatal.

Explicó que no todos los casos se relacionan estrictamente con circunstancias al interior de las familias en extrema pobreza, hay algunos pequeños que han sido criminalizados por la violencia estructural que se refiere a la falta de oportunidades económicas, pero lo que se tiene que evitar es que los menores no sean visto como delincuentes.

Recordó que la asociación civil tiene un registro de 188 niños en las calles que trabajan no sólo en las calles, sino también espacios fijos como tianguis, tiendas, trabajo doméstico y la mayoría presentan algún tipo de violencia.

Por su parte la coordinadora regional de Incidencia de la Alianza por La Infancia y sus Familias en México, Gabriela del Razzo, dijo que se busca que las instituciones estatales tengan una mayor coordinación y vigilancia de los recursos que se aplican para tratar este tema, ya que dijo, muchas veces los protocolos no se llevan a cabo pese a que existe un mandato de ley que lo obliga.

Tan solo de 2010 al 2012 se registraron 658 mil casos de violencia familiar, de los cuales sólo el 10 por ciento llegaron al Ministerio Público. Una problemática que no tiene soluciones específicas en cuanto a la trata de salud emocional y mental, de manera que evite las lesiones infringidas en los menores de edad, lamentó.

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